Los populares han registrado una proposición de norma foral en las Juntas Generales de Álava para habilitar mecanismos urgentes que flexibilicen la normativa fiscal del Impuesto de Bienes e Inmuebles en los ayuntamientos de Álava y permitir bonificar la totalidad del impuesto a todo el sector de la hostelería.
La rigidez de esta normativa tributaria impide a los ayuntamientos la adopción de medidas de flexibilización fiscal, que sean coherentes con las restricciones impuestas al libre desarrollo de la actividad económica y permitan cierto grado de alivio económico.
Iñaki Oyarzabal, presidente del PP de Álava: “Las decisiones del Gobierno Vasco han machacado al sector de la hostelería de manera muy grave y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava tampoco les han prestado el apoyo y las ayudas que necesitaban”.
11 diciembre 2020.- El PP ha registrado esta mañana en las Juntas Generales de Álava una proposición de norma foral de modificación de la norma fiscal del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) para que el sector de la hostelería no tenga que pagar el IBI del próximo año. Como ha apuntado el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, “las decisiones del Gobierno Vasco han machacado al sector de la hostelería de manera muy grave y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava tampoco les han prestado el apoyo y las ayudas que necesitaban. Por eso, desde el PP seguimos exigiendo un plan de rescate, pero además hemos presentado esta medida con el fin de que los ayuntamientos puedan bonificar la totalidad del impuesto a todo el sector de la hostelería”.
Como ha explicado Oyarzabal, se trata de habilitar mecanismos urgentes para flexibilizar la determinada normativa fiscal. La rigidez de esta normativa tributaria impide a los ayuntamientos la adopción de medidas de flexibilización fiscal, que sean coherentes con las restricciones impuestas al libre desarrollo de la actividad económica y permitan cierto grado de alivio económico en los sujetos pasivos.
El dirigente de los populares alaveses ha señalado que “los ayuntamientos no disponen de elementos sustantivos en este impuesto del IBI para rebajar esta carga fiscal, que no está en relación con el volumen de actividad económica”. Por ello, el Partido Popular considera que en momentos de restricciones legales que impiden el normal desarrollo de su actividad, “este impuesto puede suponer una carga fiscal que pudiera considerarse inadecuada”.
En consecuencia, Oyarzabal ha subrayado que se propone “dotar a los ayuntamientos de herramientas legales que les permitan modular la carga fiscal del IBI en determinadas circunstancias extraordinarias”.
El presidente del PP de Álava ha remarcado que “el sector de la hostelería lo está pasando mal, está sufriendo y da trabajo a miles de personas. Hay que dejarles trabajar en las mejores condiciones para que puedan sacar sus negocios a flote y en condiciones de hagan viable su actividad”.
Ana Esther Ortiz de Urbina, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Iruña de Oca: “Cuando pedimos que una ambulancia medicalizada se ubique en Iruña de Oca el PNV está en contra y el resto de partidos (PSE, Bildu y Podemos) se abstienen y prefieren evaluar esta necesidad de hacer un estudio. Basta ya. Los profesionales de emergencias son los que exigen ese mayor número de ambulancias y ven esa ubicación como un punto estratégico. Es muy grave, estamos hablando de las vidas de nuestros vecinos alaveses”.
Álava cuenta con una ambulancia medicalizada, mientras Vizcaya y Guipúzcoa poseen cinco en cada territorio.
10 diciembre 2020.- El PP de Iruña de Oca ha denunciado el rechazo por parte del PNV para aumentar el número de ambulancias medicalizadas en el municipio de Iruña de Oca, como se tradujo en el Pleno del Ayuntamiento celebrado ayer. En él se debatió la moción presentada por el PP sobre la necesidad de un mayor número de ambulancias medicalizadas en Álava con la ubicación de una de ellas en el municipio de Iruña de Oca.
Ana Esther Ortiz de Urbina, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Iruña de Oca
La portavoz del PP en el Consistorio de Iruña de Oca, Ana Esther Ortiz de Urbina, ha señalado que “nos asombra cómo Jesús Guinea, portavoz del PNV en este ayuntamiento, y que a su vez es el director actual de Equilibrio Territorial en la Diputación Foral de Álava y responsable del Organismo Autónomo de Bomberos, donde pedíamos que se ubicaran parte de las ambulancias medicalizadas en Álava, votó en contra, es una auténtica broma y tomadura de pelo”.
En la actualidad, Álava solo cuenta con una ambulancia medicalizada porque la otra UVI móvil sí que está ubicada en el municipio alavés de Llodio, pero más del 90% del servicio lo ejerce en Vizcaya; así Álava tiene una ambulancia medicalizada, Vizcaya cuentan con cinco y Guipúzcoa con cinco.
La portavoz popular ha denunciado que “cuando pedimos que una de ellas se ubique en Iruña de Oca el PNV está en contra y el resto de partidos (PSE, Bildu y Podemos) se abstienen y prefieren evaluar esta necesidad de hacer un estudio. Basta ya. Los profesionales de emergencias son los que exigen ese mayor número de ambulancias y ven esa ubicación como un punto estratégico, cada vez tienen más problemas. Es muy grave, estamos hablando de vidas, de las vidas de nuestros vecinos alaveses”.
Además, Ortiz de Urbina ha recordado que “en primer lugar, el gobierno del PSE quería silenciarlo y decir que no se podían presentar dos mociones iguales ya que nuestro grupo en la anterior legislatura también exigió ese mayor número de ambulancias medicalizadas porque tenemos la carencia en Álava desde hace años. Pero la ley está de nuestro lado y se pudo presentar la moción”.
En el Pleno, el propio alcalde del PSE se abstuvo ayer al hecho de que ubique una ambulancia medicalizada en su municipio, “eso es lo que les importan al PSE sus vecinos”, ha cuestionado. Ortiz de Urbina ha insistido en que “el PP va a seguir trabajando y luchando porque los alaveses tengan lo que se merecen”.
Ana Morales, portavoz suplente del grupo Populares Alaveses presidente del PP de Álava: “Si las instituciones públicas no abren alojamientos ni ponen en marcha recursos residenciales para las personas de enfermedad mental y se les quita la RGI desde marzo, es un colectivo abandonado y maltratado por las instituciones públicas”.
Los populares urgen una solución urgente con una prestación económica inmediata vía RGI o de otro tipo mientras se articula la puesta en marcha de servicios sociales suficientes para estas personas.
10 diciembre 2020.- El PP ha denunciado esta mañana que Lanbide excluye de la RGI a las personas con enfermedad mental. Como ha apuntado Ana Morales, portavoz suplente del grupo Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava, “desde marzo estas personas con enfermedad mental viven una situación de abandono total por parte de las instituciones públicas, en el peor momento con esta pandemia, y urgimos una solución urgente con una prestación económica inmediata vía RGI (Renta de Garantía de Ingresos) o de otro tipo mientras se articula la puesta en marcha de servicios sociales suficientes para estas personas”.
El PP ha presentado en Juntas Generales de Álava una moción con carácter de urgencia, que fue rechazada por los grupos del Gobierno PNV y PSOE, “a pesar de que hay decenas de personas sin recursos, sin comida y sin un techo donde dormir”, ha apuntado Morales. Además, los populares han pedido la comparecencia del Diputado de Políticas Sociales Emilio Sola para exigir responsabilidades en una comisión.
Morales ha denunciado la “dramática situación” que viven las personas con enfermedad mental ante “una acción insuficiente” de la Diputación Foral de Álava. “Solo se les presta atención sanitaria, es la única atención que reciben”, ha incidido. La Diputación intentó “con desgana” una solución insuficiente, incluyendo algunas de estas viviendas en el registro foral de servicios sociales, pero no ha tenido ningún éxito porque algunas ya estaban en el registro y seguían denegándose la RGI a las personas empadronadas allí.
Según ha explicado la procuradora popular, “desde marzo de 2020 Lanbide ha empezado a denegar la RGI a las personas con enfermedad mental que viven en alojamientos de carácter privado, que son la mayoría porque se ven abocados a vivir en este tipo de viviendas comunitarias y pensiones ante la falta de unos recursos residenciales públicos o concertados que les procuren las administraciones”.
En este sentido, la RGI venía a paliar esta insuficiencia de alojamientos de responsabilidad pública y “al denegarles la RGI y se ven abocadas a la calle y la exclusión social, no tienen dinero para un techo ni para la manutención, sin recursos económicos de ningún tipo”, ha detallado. En su opinión, la RGI no debería ser la solución definitiva para el colectivo de enfermedad mental, pero “les procuraba hasta marzo un techo, un alojamiento y una manutención”. Desde marzo Lanbide está aplicando la literalidad del decreto que rige la RGI en el que establece en el artículo 6 que solo pueden ser considerados alojamientos colectivos a efectos de RGI: pisos de acogida, centros residenciales de exclusión social o para mujeres víctimas de maltrato. “La enfermedad mental no aparece, está también en el limbo de la RGI”, ha sostenido.
En definitiva, Morales ha denunciado que “si las instituciones públicas no abren alojamientos ni ponen en marcha recursos residenciales para las personas de enfermedad mental y se les quita la RGI, es un colectivo abandonado y maltratado por las instituciones públicas”.
La portavoz suplente de Populares Alaveses en la cámara foral ha subrayado que al PP le consta que las trabajadoras sociales de Álava están “desbordadas, desesperadas y muy preocupadas porque no tienen herramientas para dar una solución a las personas con enfermedad mental a las que se les está quitando la RGI”. Tal y como han trasladado, muchos recursos de carácter privado, viviendas comunitarias y algunas pensiones han tenido que cerrar porque los usuarios no han podido pagar los costes. E incluso, en algunas les están dando de comer de manera altruista y otras sin capacidad económica no han podido. “Alrededor de diez viviendas comunitarias, en las que viven 9 personas en cada una, han tenido que cerrar, pero serán muchas más se puede multiplicar por dos o tres. El nivel de abandono institucional es tal que no hay un seguimiento oficial ni un dato oficial del número de personas que están en esta situación”, ha criticado Morales.
Iñaki Oyarzabal, presidente del PP de Álava: “La apertura además de respetar las condiciones de seguridad y salud de las personas, debe permitir horarios y aforos que aseguren la viabilidad de los establecimientos”.
“Es inadmisible que a estas alturas el Gobierno Vasco todavía dude sobre lo que hay que hacer en relación con la apertura o no de bares y restaurantes”.
Los populares califican de “auténtica tomadura de pelo” que después de más de un mes cerrados se plantee a estas alturas de diciembre la apertura exclusiva de las terrazas con una climatología tan adversa “que hace imposible e inviable este planteamiento”.
9 diciembre 2020.- El PP ha pedido abrir ya la hostelería con condiciones que hagan viable su actividad. Según ha manifestado el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, “la apertura además de respetar las condiciones de seguridad y salud de las personas, debe permitir horarios y aforos que aseguren la viabilidad de los establecimientos”.
Iñaki Oyarzabal, presidente del PP de Álava.
Para Oyarzabal resulta “inadmisible” que “a estas alturas el Gobierno Vasco todavía tenga dudas sobre lo que hay que hacer en relación con la apertura o no de bares y restaurantes”. “No nos podemos permitir ni un día más con la hostelería cerrada. Necesitamos ayudar ya a un sector que lo está pasando mal, que está sufriendo y que da trabajo a miles de alaveses”, ha subrayado.
Para el dirigente de los populares alaveses se trata de “una auténtica tomadura de pelo” que después de más de un mes cerrados se plantee a estas alturas de diciembre la apertura exclusiva de las terrazas con una climatología tan adversa “que hace imposible e inviable este planteamiento”. Por ello, ha pedido que “con urgencia se desbloquee ya esta situación”. “Tenemos que dejar trabajar al sector, no puede ser que el País Vasco, junto a Asturias, sean las únicas comunidades autónomas que no han abierto ya bares y restaurantes”, ha insistido.
Los populares exigen también que se ponga ya en marcha la línea de ayudas a tipos de interés del programa ‘Álava Innova Digital’ de apoyo a la digitalización de pymes, dotado con 250.000 euros, incluido dentro del ‘Plan A’ de la Diputación de Álava.
Carmelo Barrio, parlamentario de PP+Cs: “Ahora vemos que las consecuencias económicas de la pandemia se van a alargar y son necesarias modificaciones en las condiciones de los préstamos de Elkargi para evitar que se produzcan situaciones complicadas e irreversibles para pymes y autónomos”.
Marta Alaña, procuradora del Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava: “Proponemos ampliar a más allá del 2020 la concesión para solicitar financiación, superar los 6 meses actuales para la financiación de gastos, ampliar la carencia a 2 años y el plazo de devolución cuanto menos a 8 años y que se valore el aumento del volumen máximo de financiación según demanda”.
7 diciembre 2020.- El PP ha pedido esta mañana que se flexibilice y mejoren las condiciones de los préstamos dentro del programa de financiación por Covid-19 del Gobierno Vasco y para que la Diputación Foral de Álava ponga en marcha otras medidas porque “las pymes y autónomos necesitan que les dotemos de mayor flexibilidad”, ha señalado Marta Alaña, procuradora de Populares Alaveses en Juntas Generales de Álava.
Carmelo Barrio, parlamentario de PP+Cs, y Marta Alaña, procuradora de PP en Juntas Generales de Álava
Tal y como ha recordado el parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas puesto en marcha por el Gobierno Vasco fue dotado con un máximo de 500 millones de euros para atender necesidades de liquidez y financiación de circulante de seis meses. Se fijó como sociedad de garantía recíproca colaboradora a Elkargi y se señalaron asimismo las entidades financieras colaboradoras. “Las proyecciones pronto se vieron que se quedaron cortas”, ha matizado Barrio, y se superaron las previsiones iniciales, por lo que se amplió el volumen máximo de financiación de 500 a 1.000 millones de euros y se incrementó de 100 a 150 millones el importe garantizado. “Ahora vemos que las consecuencias económicas de la pandemia se van a alargar y se hace necesario llevar a cabo modificaciones en las condiciones de los préstamos avalados por Elkargi y evitar que se produzcan situaciones complicadas e irreversibles para pymes y autónomos”, ha pedido el parlamentario de PP+Cs.
En este sentido, Marta Alaña ha indicado que, a través de una moción presentada en Juntas Generales de Álava, el PP pide que se inste al Gobierno Vasco para modificar las bases y se amplien los meses para los cuales se puede pedir financiación, yendo la concesión más allá del 2020. Del mismo modo, ha solicitado que se valore la solicitud no sólo para gastos estructurales sino también de inversión y se aumenten los meses para cuyos gastos se pueden solicitar financiación, superando los seis meses actuales. También ha planteado ampliar los períodos de carencia a 2 años y los plazos de devolución de los préstamos cuanto menos a 8 años, “como ya se ha hecho en el ámbito nacional con los préstamos avalados por el ICO (Instituto Crédito Oficial) que, entre otras modificaciones, ha ampliado el período de carencia de 1 a 2 años y el plazo de devolución de 5 a 8 años”, ha apuntado la juntera de Populares Alaveses. Entre la modificación de bases y condiciones que plantean, desde el PP, apuestan por ampliar el volumen máximo de financiación, si fuese necesario ante la evolución de la demanda.
Por otro lado, Alaña ha incidido también en que la Diputación Foral de Álava debe poner en marcha ya el programa ‘Álava Innova Digital’ de apoyo a la digitalización de pymes, dotado con 250.000 euros, incluido dentro del ‘Plan A’ y consistente en la firma de un convenio con Elkargi para ayudas a tipos de interés. “Aún no se ha puesto en marcha, ¿a qué esperan? Las pequeñas empresas no pueden seguir esperando, obligadas más que nunca a digitalizarse, y la institución foral debe cumplir con estas ayudas”, ha recriminado la juntera del PP.
Han incumplido la promesa de ampliar las ayudas para que los cuidadores tuviesen un respiro mediante la estancia de 15 días de sus familiares con dependencia en una residencia privada de forma gratuita, sin costo alguno para ellos tal y como prometieron.
Han eliminado la exención de pago de precio público para que la estancia de los primeros quince días en residencias forales de discapacidad, en centros de día de personas mayores… de forma temporal fuese gratuita.
El programa ‘Cuidarse para cuidar’ desarrollado para dar apoyo y asistencia a los familiares y cuidadores de personas dependientes (personas mayores, con discapacidad y enfermedad mental) con una trayectoria en Álava de más de 20 años, se ha visto reducido a la mitad.
Marta Alaña, procuradora del PP: “Motivados por el oportunismo electoralista, el PNV levantó falsas expectativas en un colectivo muy sensible a estos anuncios, más de 4.200 personas; a las que han engañado no cumpliendo lo que prometieron”.
El PP se teme que la Diputación ha girado recibos cobrando precios públicos sin cobertura legal y de forma indebida por servicios prestados antes de la publicación del decreto en el que eliminan la exención, si esto se confirma piden que la Diputación devuelva lo indebidamente cobrado de oficio.
2 diciembre 2020.- El PP ha acusado a Diputación Foral de Álava de incumplir sus promesas en el programa ‘Zainduz Araba’. Durante la celebración del pleno de control al gobierno de las Juntas Generales de Álava, la procuradora del PP, Marta Alaña, ha achacado que “han incumplido porque no han modificado las ayudas para que la estancia temporal en las residencias privadas fuese sin coste alguno para personas mayores y sus cuidadores”, ya que siguen las mismas cuantías que antes de anunciar el mencionado programa. Recientemente, a través de iniciativas de control por escrito, el PP ha constatado de forma oficial que veinte meses después de iniciarse el procedimiento normativo para modificar estas ayudas aún no se ha aprobado nada.
Campaña de Zainduz Araba
Por otro lado, “de una forma totalmente incomprensible y con absoluta falta de transparencia”, han eliminado mediante el Decreto Foral 31/2020 la exención de pago de precio público para la estancia de 15 días de respiro en recursos forales o programas forales de respiro, que afecta en gran medida a personas adultas con discapacidad, a los niños y jóvenes con discapacidad y a personas mayores en estancias diurnas en centros forales.
El programa ‘Cuidarse para cuidar’, avalado por una trayectoria foral de más de 20 de años que en municipios menores de 20.000 habitantes daba asistencia y apoyo a las familias y cuidadores de las personas con dependencia mediante grupos de ayuda mutua y apoyo psicológico individualizado, se ha visto reducido a la mitad.
Como les ha recriminado Alaña, “no se puede jugar con los dependientes ni sus familias de esta manera, más de 4.200 familias en Álava, en un año además en el que los cuidadores han soportado mucho estrés, ya que los usuarios no han podido ir a los centros de atención diurna rural, a los centros de día, a los ocupacionales”.
Marta Alaña, procuradora del PP en las Juntas Generales de Álava
En el año 2018, el Diputado General de Álava anunció que se ponía en marcha el programa ‘Zainduz’ para dar respuesta a los cuidadores. En ese momento, la oposición ya reprochó que esta acción era renombrar con un título nuevo un servicio ya existente: el programa foral ‘Cuidarse para cuidar’, con más de veinte años de trayectoria en la zona rural de ayuda y atención psicológica a los cuidadores. También existía la prestación económica vinculada al servicio de carácter temporal o de respiro para disfrutar de una estancia en residencias para las personas mayores con un máximo de 45 días y con plazas en los recursos de discapacidad para quienes lo solicitaran.
Durante el pleno de política general en octubre de 2018, la única novedad esgrimida por el PNV en este sentido en la Diputación fue que los primeros quince días de respiro serían gratis y la institución foral se haría cargo de 4.200 alaveses que cobran la prestación por dependencia. Así, podrían beneficiarse de quince días de respiro gratuito, bien en sus propias plazas forales como con ayudas para acudir a plazas privadas.
Como ha recordado la procuradora popular, las elecciones forales de mayo de 2019 propiciaron que en marzo de ese mismo año “el PNV a todo correr hiciera una campaña publicitaria para anunciar el programa ‘Zainduz’ con un coste de 40.000 euros. Ya denunciamos que era electoralismo y el tiempo nos ha dado la razón”.
Marta Alaña ha señalado que, “dos años después y con independencia de la pandemia, han reducido a la mitad el programa ‘Cuidarse para cuidar’ que daba servicio a los cuidadores de personas dependientes de la zona rural de Álava.
Además, con respecto a la gratuidad de los primeros quince días, Alaña se ha mostrado rotunda al afirmar que “la Diputación del PNV prometió que los quince primeros días iban a ser gratis, pero no han sacado la normativa para aumentar las cuantías de ayudas para que esto sea así”. Las personas mayores siguen teniendo la misma ayuda que antes para ir a una residencia. Y en las plazas forales libres para los respiros de discapacidad, la Diputación hay fijado un precio público en 2020, eliminando la exención, aunque dijeron que los primeros quince días iban a ser gratis.
“La gratuidad les ha durado once meses. Han faltado a su palabra, han engañado, porque han publicado un decreto de precios públicos y ahora tienen que pagar esos primeros quince días que iban a ser gratis. Han actuado con populismo y sin rigor”, ha desvelado la juntera del PP. “Ahora mismo una persona adulta con discapacidad intelectual que quiera hacer uso de quince días de respiro en las plazas forales tendrá que pagar 572 euros, al haber eliminado la exención”, ha explicado.
Además, Marta Alaña ha apuntado que “no solo es grave que hayan eliminado la exención del pago, esa modificación del decreto no se ha publicado hasta el 30 de octubre. Sin cobertura legal nos tememos, como ya hemos constatado en algún caso, que han girado recibos y cobros a las familias cuando no debían, exigimos que si ha sido así devuelvan de oficio lo indebidamente cobrado”.
Los populares de Ayala reconocen la necesidad de un consorcio único para Álava por la dispersión del territorio alavés y la multitud de pequeños entes gestores.
Joseba Elejalde, concejal del PP en el Ayuntamiento de Artziniega: “No entendemos la premura con la que se quiere liquidar el Consorcio de Aguas de Ayala forzando a las administraciones menores a que se adhieran al nuevo consorcio de aguas de Álava Urbide”.
“Una vez más el PNV está utilizando una infraestructura estratégica para hacer política opaca y poco detallada”.
2 diciembre 2020.- El PP de Ayala ha exigido que el consorcio de aguas de Álava Urbide sea transparente y el PNV deje de politizarlo. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Artziniega, Joseba Elejade, ha manifestado que el objetivo de un consorcio único que gestione todas las aguas del territorio es compartido debido a la dispersión del territorio alavés y la multitud de pequeños entes gestores, pero ha insistido en que, “una vez más el PNV está utilizando una infraestructura estratégica para hacer política opaca y poco detallada”.
Elejalde ha señalado que “desde el PP de Ayala no entendemos la premura con la que se quiere liquidar el Consorcio de Aguas de Ayala forzando a las administraciones menores a que se adhieran al nuevo consorcio de aguas de Álava Urbide”. Por este motivo, el edil popular en el Consistorio de Artziniega ha explicado que el Ayuntamiento de Artziniega ha pedido una moratoria de seis meses al CAKU, Consorcio de Aguas de Ayala, para “adoptar tan importante decisión y ha emplazado al nuevo consorcio a exponer un proyecto de viabilidad”, ha detallado.
El concejal del PP ha subrayado que “entendemos que es necesario un solo consorcio de aguas para toda Álava pero este proyecto debe ser transparente y aprobado por todas las cuadrillas”.
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