Condenan al Gobierno foral del PNV en Álava por negar información al PP 

  • Denegó a los ‘populares’ datos sobre la implantación del Ticket Bai en sociedades e instituciones públicas 
  • “Esta sentencia confirma los continuos intentos del PNV de silenciar a la oposición y obstruir su labor de control”, denuncia el PP alavés 
  • Oyarzabal censura la “constante denegación de información” y la enmarca en una actitud “poco democrática” 

8 de febrero de 2023. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la Diputación foral de PNV y PSE después de que negase información al grupo del PP alavés en Juntas Generales sobre la implantación del Ticket Bai, sistema de facturación y control fiscal. La sentencia reconoce que la Diputación vulneró un derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución, el de participación política, y obliga a la institución foral a sufragar los costes del procedimiento. El fallo judicial “confirma los continuos intentos del PNV de silenciar a la oposición y obstruir su labor de control”, ha resaltado el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal. 

Los ‘populares’ han argumentado que en junio de 2022, la portavoz adjunta y procuradora Ana Morales solicitó a la diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, información referente a la obligación de implantar el Ticket Bai en Álava, solicitud amparada por el artículo 23 de la norma fundamental. Después de que la diputada decidiese negar esa información, el PP denunció ante en TSJPV lo que, a su juicio, constituía una vulneración de derechos fundamentales. 

En este sentido, y tal y como refleja la sentencia emitida el 2 de febrero, la Diputación foral vulneró la Constitución negándose a facilitar información solicitada de forma legítima por el PP alavés. “Esto no es un caso aislado, el PNV nos tiene acostumbrados a actitudes poco democráticas y por ello decidimos llevarlo a los tribunales, que nos han dado la razón”, ha matizado Oyarzabal. 

El portavoz del PP alavés ha denunciado la “constante denegación de información” y la ha encuadrado en una intención manifiesta de “obstaculizar la labor de la oposición para actuar sin control en la administración alavesa”. 

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