- La nueva normativa sobre medicamentos veterinarios, impulsada por el PSOE en el Congreso y en vigor a principios de 2024, impone “restricciones y sanciones desproporcionadas, y trabas burocráticas que impiden hacer el trabajo de los veterinarios con eficacia”
- El sector veterinario se muestra muy preocupado, ya que están limitados para administrar antibióticos y pone en riesgo la salud de los animales
- El PP ha pedido, además, iniciar un proceso de diálogo y consenso con el colectivo de profesionales de la veterinaria, sus colegios profesionales y asociaciones representativas para elaborar una nueva regulación
- La secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar; la parlamentaria vasca, Ana Morales, y el concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, Aitor González, han registrado mociones en las distintas instituciones para solicitarlo
27 de junio de 2025.- El Partido Popular ha pedido una nueva regulación para la prescripción de medicamentos veterinarios que facilite su uso a profesionales y familias. Así lo han reclamado la secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar; la parlamentaria vasca, Ana Morales, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Aitor González, ante la nueva normativa que ha impulsado el PSOE en el Congreso de los Diputados y que entró en vigor a principios de 2024.
Como ha explicado la secretaria general del PP de Álava, el colectivo de profesionales de la veterinaria en todo el Estado, incluido el Territorio Histórico de Álava, ha manifestado su “profunda preocupación y rechazo a las disposiciones de la normativa”. El motivo es claro. Se imponen “restricciones y sanciones desproporcionadas, y trabas burocráticas que impiden hacer el trabajo de los veterinarios con eficacia”, haindicado Ana Salazar. Es decir, los profesionales se ven muy limitados para la prescripción de antibióticosveterinarios, tal y como ha trasladado al Partido Popular el propio sector. “No pueden actuar con eficacia ante infecciones y demás enfermedades y en el fondo eso compromete y pone en riesgo la salud de los animales”, ha sentenciado la número dos del PP alavés. “Compromete la calidad del servicio sanitario que se presta a las mascotas y animales de compañía en nuestra provincia”, no ha dudado en admitir.
Ana Salazar ha remarcado que es una “incoherencia” esta nueva normativa, “un derecho para el bienestar animal y lo que provoca es poner en riesgo a la salud de los animales”. Asimismo, ha pedido que no seponga como excusa la obligación de cumplimiento europeo porque “este decreto va más allá de lo que pide Europa, es mucho más restrictivo”.
Para la parlamentaria vasca Ana Morales realmente consiste en “hacer un uso responsable de losantibióticos” y ha incidido en que “en ningún caso, las regulaciones deben ir en contra de nuestros veterinarios, que son profesionales formados, rigurosos y comprometidos. No se les puede tratar con desconfianza ni se les puede poner trabas burocráticas que les impidan hacer bien su trabajo”. La nueva normativa se ha realizado “sin el necesario consenso, ni diálogo con el sector, impone una centralización excesiva de datos y un incremento desproporcionado de la burocracia para la administración de tratamientos”, ha señalado. Por ello, desde el Partido Popular han pedido, además, iniciar un proceso de diálogo y consenso con el colectivo de profesionales de la veterinaria, sus colegios profesionales y asociaciones representativas para elaborar una nueva regulación de la prescripción de medicamentos veterinarios que sea “equilibrada, facilite la labor de estos profesionales y garantice, ante todo, la salud y elbienestar de los animales y de las familias y que sus conclusiones sean remitidas al Gobierno de España”.
En cuanto al sector primario, ha apuntado la parlamentaria vasca que “los veterinarios saben cuál es elpatógeno típico en infecciones y qué antibiótico hay que utilizar, la ley les dice que hay que hacer cultivos sí o sí, y la espera de varios días del resultado puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la muerte deun animal”. Por ello, Morales ha manifestado que “esta situación añade más incertidumbre a un sector yacastigado, alarga la burocracia, supone costes adicionales para los dueños de los animales, hay propietarios que económicamente no pueden permitirse hacer tantas pruebas”. Y, además, “los veterinarios tampoco pueden vender más que medicamentos muy básicos, sólo botiquín”.
Por su parte, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Aitor González, ha remarcado que“esta situación no solo afecta a la labor diaria de los centros veterinarios, que ven mermada su eficiencia y capacidad de respuesta, sino que, lo que es más grave, pone en riesgo la salud y el bienestar de los animalesde compañía y, por extensión, de las familias que conviven con ellos”. En este sentido, ha apelado a que el Gobierno de España, al impulsar un decreto de estas características “sin tener en cuenta el criterio profesional y las necesidades reales del colectivo veterinario”, está poniendo en duda “la profesionalidad y la formación de estos profesionales, esenciales para la sanidad animal y la salud pública”.
Los tres representantes en el Parlamento Vasco, las Juntas Generales de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han anunciado el registro de las correspondientes mociones en estas instituciones. La primera de ellas se debatirá el próximo lunes 7 de julio en la Cámara foral.
