• Los populares piden a las familias de la escuela concertada que se movilicen para defender sus derechos y para ello inician una campaña de recogida de firmas.
• Iñaki Oyarzabal, presidente del PP de Álava: “Esta ley renuncia a la excelencia, quiere igualar por abajo, reduciendo el rendimiento y la exigencia y al final se conseguirán resultados mediocres”.
• “El sistema educativo debe estar libre de ideologías y sectarismos, siendo la libertad en el sentido más amplio y la calidad de la enseñanza los ejes prioritarios”.

26 noviembre 2020.- El PP ha denunciado que la Ley Celaá limita derechos y rebaja la calidad de la enseñanza y ha pedido que las familias de la escuela concertada, el 50% en Álava, se movilicen para defender sus derechos. Como ha anunciado el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, “la campaña nacional de recogida de firmas también se va a desarrollar en nuestra ciudad en los colegios concertados de Vitoria-Gasteiz y en el conjunto del territorio alavés durante las próximas dos semanas, apoyando la campaña de la plataforma de padres Más Plurales que denuncia una ley que viene a romper el consenso educativo y constitucional con la educación”.

La plataforma Más Plurales ha recogido por el momento más de 1,8 millones de firmas y esperan llegar a los 2 millones de firmas, “todo lo que se consiga será positivo para demostrar el descontento de las familias con esta reforma de la ley”, ha insistido Oyarzabal, quien ha señalado que los populares están en contacto con una gran parte de las AMPAS de Vitoria-Gasteiz y Álava y han mantenido reuniones con directores de los colegios concertados alaveses. “Seguiremos reuniéndonos con la comunidad educativa para que traten de movilizar a las familias”, ha apuntado.

Además, ha anunciado que el PP presentará mociones en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las Juntas Generales de Álava para pedir la retirada de la Ley Celaá, que a su juicio, “se hace de manera impositiva”. Para los populares, “el sistema educativo debe estar libre de ideologías y de sectarismos, siendo la libertad en el sentido más amplio y la calidad de la enseñanza los ejes prioritarios”.

En este sentido, el dirigente del PP alavés ha señalado que “esta ley renuncia a la excelencia, porque excusándose en un inclusivismo radical, quiere igualar por abajo, reduciendo el rendimiento y la exigencia al final se conseguirán resultados mediocres y se restan oportunidades a los alumnos y alumnas que se esfuercen”. 

Como ha explicado durante la rueda de prensa, “a la postre, a quien más perjudica es a la escuela pública; como saben que al igualar por abajo, rebajan su calidad y su exigencia, la ley lleva aparejada unos artículos que pretenden limitar la expansión de la concertada, que arroja mejores resultados, y, de esa manera, coartar la libertad de las familias”. La ley Celaá pretende que “los centros concertados aún teniendo alta demanda no puedan recuperar aulas perdidas, ni abrir nuevas hasta que no estén cubiertas todas las plazas de la pública. De esta forma, se condiciona de manera decisiva el derecho a elegir de las familias la educación que quieren para sus hijos”, ha sentenciado Oyarzabal. 

Asimismo, ha indicado que “si da lo mismo aprobar que suspender, esforzarse o no, los títulos valdrán menos. Y si no hay elementos de evaluación suficientes, como plantean profesores y expertos, irá en detrimento del conjunto del sistema educativo”. 

El presidente del PP de Álava ha hecho hincapié en que “esta reforma se plantea sin diálogo, sin escuchar a expertos, profesores, comunidad educativa ni al consejo de estado”. “Se ha pretendido hacer por la vía de urgencia, en una única sesión, barriendo las propuestas de la oposición y sin escuchar a nadie. Nunca se había hecho un planteamiento tan sectario”, ha denunciado e indicado que esta ley “no da respuesta a la demanda, si no que dirige la demanda”. 

Por otro lado, se elimina el castellano como lengua vehicular. Para Oyarzabal, “están dando una vuelta de tuerca, porque aquí en el País Vasco ya lo veníamos sufriendo. Los nacionalistas ya habían tratado de arrinconar el castellano en la escuela vasca y con esta ley se permitiría eliminar en el País Vasco el sistema de modelos lingüísticos”. Además, en la ley se plantea la supresión de los centros de educación especial en contra de los criterios profesionales y negando el derecho a los niños con necesidades especiales a recibir una educación diferenciada y reforzada. 

El presidente del PP de Álava ha defendido una reforma educativa basada en “el diálogo, el acuerdo y el consenso” pero que responda a los criterios que “hoy defienden y quieren la mayoría de las familias, con una apuesta por la mejora de la calidad, no enredarnos en un debate ideológico y sectario sobre lo que debe ser la educación. Los padres quieren más libertad para elegir y una educación que prepare mejor a sus hijos en valores y en el sentido crítico, sin adoctrinamientos, sin manipulaciones, voten lo que voten”. 

Además, ha recordado que el PP defiende un sistema de libre elección, un modelo trilingüe en el que se apueste por el inglés y una escuela concertada mejor financiada “porque están ahogados financieramente ya que los módulos de concierto en el País Vasco no consiguen cubrir los gastos reales de la educación”.  Para Oyarzabal es importante que “los colegios no se vean obligados a cobrar ninguna cuota a las familias, que no haya ningún tipo de barrera socioeconómica a la hora de poder elegir un colegio concertado si es el proyecto educativo que quieren para sus hijos”.  

Otra de las premisas que defiende el PP es la gratuidad definitiva de la enseñanza infantil en el ciclo de 0 a 3 años, una formación profesional de más calidad que “en conexión con nuestro entorno empresarial permita elevar los niveles de empleo de los jóvenes en Álava”, una modernización del conjunto educativo y que se eleven las condiciones laborales de los docentes, que son la columna vertebral del sistema educativo.