El PP exige a URA que limpie o permita la limpieza de los caudales de los ríos para evitar inundaciones en cascos urbanos 

  • La Agencia Vasca del Agua URA impide que las Juntas Administrativas limpien los caudales, solo permite desbrozar
  • El fango se acumula y el agua de las trombas busca otro camino, anegando calles y viviendas de los cascos urbanos de la zona rural alavesa
  • El PP ha vuelto a exigir que la competencia de URA se transfiera a la Diputación alavesa

31 de mayo de 2023. El PP ha exigido a la Agencia Vasca del Agua URA que limpie o permita la limpieza de los caudales de los ríos para evitar inundaciones en cascos urbanos de la zona rural alavesa, como ocurrió ayer en localidades como Fontecha, Bergüenda, Villambrosa o Caicedo-Yuso. La secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar, ha señalado que “las Juntas Administrativas piden permiso a URA para limpiar los caudales de los ríos, pero solo dejan desbrozar, no dejan limpiar el fango. El barro se acumula y el río no tiene por dónde pasar y busca otro camino, anegando calles y viviendas de los cascos urbanos de los pueblos”. 

Para Salazar es necesario que “URA dé el consentimiento o lo hagan ellos, pero que no pongan impedimentos para limpiar los caudales en invierno porque luego hay estas terribles consecuencias que estamos viendo con viviendas inundadas en las calles anexas o paralelas de los ríos”.

Por ejemplo, en Fontecha en verano antes se limpiaba el canal de hormigón del río, se sacaba el barro para que en invierno el agua discurriera sin problemas. “Si no limpiamos el canal del río, sino le damos la profundidad necesaria con la limpieza de los lodos, no conseguimos que el caudal soporte la avalancha de agua en estas trombas”, ha sentenciado Salazar. 

Además, la secretaria general del PP de Álava ha vuelto a exigir que la competencia de URA, actualmente del Gobierno Vasco, se transfiera a la Diputación alavesa para que sea gestionada desde Álava. “URA solo se dedica a poner multas y trabas y estas inundaciones son el resultado de su mala gestión”, ha zanjado.

El PP reclama más seguridad porque casi la mitad de los robos con fuerza en domicilio se producen en la zona rural alavesa

  • En 2022, casi hubo el mismo número de robos con fuerza en domicilio en Vitoria-Gasteiz que en el resto de la provincia, 298 en la ciudad (52%) y 270 (48%) en la zona rural, según datos del Ministerio de Interior
  • Tan sólo viven en los pueblos de Álava el 24% de la población alavesa
  • Daniel García, candidato a la alcaldía de Labastida: “En los últimos meses vivimos un aumento de robos en domicilios y propiedades privadas en Labastida. Los vecinos se sienten inseguros, los habituales y los de segunda residencia, pedimos mayor frecuencia de patrullas y vigilancia”
  • Ana Salazar, secretaria general del PP de Álava: “Entran a robar a las casas con personas dentro. Es tremendo, con el PNV vamos a peor, hay que subsanar la carencia de patrullas de la Ertzaintza recuperando a los miñones”

26 de marzo de 2023. El PP ha reclamado hoy más seguridad en la zona rural de Álava porque casi la mitad de los robos con fuerza en domicilio se producen en los pueblos alaveses. Según el Ministerio del Interior, el número de robos con fuerza en domicilio en el año 2022 casi fue igual en Vitoria- Gasteiz que en el resto de la provincia, 298 en la ciudad (52%) y 270 en la zona rural (48%), mientras que tan sólo viven en los pueblos de Álava el 24% de la población alavesa. Así lo ha reflejado el candidato a la alcaldía de Labastida, Daniel García, “en nuestro municipio durante los últimos meses estamos viviendo un aumento de robos en domicilios y propiedades privadas. Los vecinos se sienten inseguros, los que viven de manera habitual como los que acuden como segunda residencia”.Por ello, García ha pedido que se tomen decisiones que pongan una solución inmediata a esta sensación de inseguridad a través de una propuesta en el Ayuntamiento de Labastida. La moción que ha registrado el PP recoge la necesidad de reclamar al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco más recursos humanos y materiales para hacer frente a esta tendencia y garantizar la seguridad ciudadana en Rioja Alavesa. Además, el candidato a la alcaldía de Labastida ha pedido “una mayor frecuencia de patrullas y vigilancia, especialmente en zonas con mayor incidencia de robos”.Por su parte, la secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar, ha insistido en que “llevamos ya más de dos años sufriendo una gran inseguridad en la zona rural con robos en los pueblos, en las viviendas, en las explotaciones ganaderas, la maquinaria agrícola…”. En este sentido, Salazar ha apuntado que los robos van variando por zonas, “a veces actúan en Montaña Alavesa, y luego se desplazan a Añana, regresan a la Llanada Alavesa, se van moviendo”. El mayor problema, según ha indicado la secretaria general de los populares alaveses, “es que entran a robar en casa, con personas dentro, en caseríos y pueblos pequeños. Es tremendo y hay que subsanar la carencia de patrullas de la Ertzaintza que padece la zona rural alavesa”. Ha apostado por “volver a contar con la histórica patrulla de miñones para proteger la zona rural y que el PNV ha hecho desaparecer”. Y es que, para Salazar, los miñones “tienen el conocimiento de nuestros pueblos, de nuestro territorio, para poder atender las llamadas y los hechos que surjan”.

Ante este aumento de inseguridad, hay Ayuntamientos que han tomado sus propias medidas internas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Iruña de Oca “han contratado una seguridad externa para que vigile y patrulle los fines de semana en los edificios públicos”, ha explicado la secretaria general del PP alavés. “Lo que no podemos permitir es que con dinero público tengamos que contratar una seguridad. Con la gestión del PNV se están cayendo los servicios públicos, los Ayuntamientos tienen que externalizar y pagar por su cuenta. Es un sinsentido”, ha añadido y zanjado: “Al Gobierno Vasco le sobra dinero y sin embargo no está atendiendo a las personas que viven en Álava. Con el PNV la gestión va a peor”.

El PP pide que Álava vuelva a contar con el Centro de Coordinación de Emergencias 112 

  • Se eliminó del territorio alavés antes de pandemia y se centralizó en Vizcaya provocando más carencias en el servicio 
  • Denuncia que Osakidetza ha incumplido su promesa de dedicar una UVI móvil para Vitoria, mientras las instituciones alavesas callan 
  • Preguntará a la consejera de Salud por este anuncio en el Pleno de Control en el Parlamento vasco 
  • Impulsará una Mesa Sanitaria en Álava con el Gobierno Vasco en la que participe la Diputación y el Ayuntamiento y que cuente con profesionales y expertos del sector sanitario alavés, para que Álava tenga voz en las decisiones que nos afectan 

23 de febrero de 2023.- El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha pedido que Álava vuelva a contar con el Centro de Coordinación de Emergencias 112. El 112 se eliminó del territorio alavés antes de la pandemia y se centralizó en Vizcaya para todo el País Vasco. Oyarzabal ha indicado que “ha provocado más carencias en el servicio hay más desconocimiento en los territorios y hay errores a la hora de enviar la ambulancia a un municipio provocando una pérdida de tiempo clave para salvar una vida”. 

Oyarzabal ha puesto el énfasis en que “el PNV y el PSOE han llevado al colapso a la Sanidad alavesa” y ha detallado los sucesivos cierres y reducción de servicios: cierre del PAC San Martin, cierre de las Urgencias de Santiago, reducción de horarios de atención primaria en la zona rural alavesa y la situación límite en el PAC de Olaguibel y en las Urgencias de Txagorritxu. El presidente del PP de Álava ha denunciado que “el PNV ha demostrado una dejadez inadmisible”. La sanidad y el deterioro de la atención sanitaria es la segunda preocupación ya para los alaveses, por lo que Oyarzabal ha apuntado que “Osakidetza nos han demostrado que Álava no está entre sus prioridades, llevan años dejándonos de lado”. Ante la desatención del Gobierno Vasco y el deterioro de los servicios, el PP propone que, además de que Álava vuelva a contar con el Centro de Emergencias 112, la creación de una Mesa Sanitaria en Álava con el Gobierno Vasco en la que participe la Diputación y el Ayuntamiento y que cuente con profesionales y expertos del sector sanitario alavés. “Para que Álava tenga voz en las decisiones que nos afectan”, ha indicado. Asimismo, ha explicado que “estamos elaborando junto con colectivos sociales y expertos un informe de carencias y un catálogo de necesidades para volver a recuperar los servicios”. 

Por su parte, la secretaria general de Álava, Ana Salazar, ha vuelto a mostrar su preocupación por la “promesa incumplida” de la consejera de Salud Gotzone Sagardui del anuncio de una nueva UVI móvil para Álava. “Solo fue un titular, han pasado 4 meses y no se ha dado un paso y seguimos teniendo problemas”, ha señalado y añadido que “hace dos semanas la única UVI móvil que hay en Álava estaba atendiendo a una persona con infarto en Vitoria y ocurrió otro infarto en otra zona de la ciudad. Estas situaciones no son puntuales y provocan nerviosismo y ansiedad en los profesionales”. 

El PP ha recordado que Álava sólo cuenta en la actualidad con una UVI móvil, lo que puede prolongar las esperas hasta cerca de 50 minutos. En definitiva, sólo una UVI móvil para 330.000 personas. 

Asimismo, Salazar ha manifestado que “nos preocupa cómo van a traer esa UVI móvil, ¿va a ser para 24 horas? ¿Va a ser medicalizada? No han aclarado nada. No hemos vuelto a oír una palabra”. La secretaria general del PP alavés ha adelantado que “el último rumor” entre los sanitarios es que se podría poner en marcha en diciembre, “pero tenemos muchas dudas después de tantos años sin hacer nada y tantos titulares incumplidos del PNV”. 

El PP ha anunciado que preguntará a la consejera de Salud por el anuncio de la UVI móvil en el próximo Pleno de Control en el Parlamento Vasco. 

La Diputación alavesa evita informar del listado de empresas contratadas por el consorcio de aguas Urbide

  • Tras negarse a responder a 17 preguntas por escrito del PP, la institución foral vuelve a no responder a lo requerido por la oposición
  • “No hay transparencia en el consorcio, hay que evitar que esto se convierta en otro chiringuito más”, denuncia Ana Salazar
  • El PP de Álava censura el incremento abusivo de la factura y censura que el PNV se opone a explicar su “gestión opaca”

10 de febrero de 2023. La Diputación alavesa ha evitado hoy informar del listado de empresas contratadas por el consorcio de aguas Urbide, entidad presidida por el diputado foral de Medio Ambiente, José Antonio Galera, y de cuya “gestión opaca” la Diputación foral liderada por Ramiro González se niega a rendir cuentas.

La secretaria general del PP alavés, Ana Salazar, se ha pronunciado así durante una comisión en Juntas Generales en la que González ha sido requerido para dar explicaciones sobre el funcionamiento del consorcio, su situación financiera, las contrataciones externas que realiza y el servicio que está dando a las entidades que se han adherido a él. Todo, en aras de poner luz sobre “una estructura opaca” que nació para mancomunar servicios y, a ojos del PP, “ha acabado convirtiéndose en una entidad que no rinde cuentas y que no da explicaciones de qué hace y cómo lo hace”.

Apenas días después de que la Diputación haya sido condenada por negarse a facilitar información a la oposición, Salazar ha reprochado a González que el PP ha preguntado “más de 17 veces” por escrito al Departamento foral de Medio Ambiente. “Y no hemos recibido ninguna respuesta clara; lo mismo nos ha ocurrido cuando hemos pedido la comparecencia de diputado de Medio Ambiente y presidente de dicho consorcio, que tampoco nos ha dado ninguna respuesta”, ha criticado.

En palabras de la procuradora, urge que la Diputación facilite información sobre las empresas que están dando servicio externo al consorcio, así como el coste que le está suponiendo a los vecinos que están en este consorcio y que están viendo cómo en ocasiones no están pudiendo acceder al servicio. “No nos dicen quién compone la mesa de contratación; dígannos a qué empresas adjudican y quién hace esas contrataciones, ya que tienen la mayoría de los servicios externalizados”, a interpelado sin obtener respuesta. Salazar ha denunciado lo que a su juicio es “una situación insólita”, dado que el diputado de Medio Ambiente de la Diputación foral es, a su vez, presidente del consorcio Urbide. “Hay que evitar que esto se convierta en otro chiringuito más”, ha afeado.

El PP alavés desvela que las cuadrillas han dedicado a personal contratado sin control 26 millones en cuatro años

·      Los organismos comarcales, financiados por Diputación y Gobierno vasco, llevan décadas sin auditarse pese a gestionar 64 millones en esta legislatura

·      El gasto medio en personal de los organismos comarcales, “contratado a dedo”, es de 57.000 euros

·      Ante tales cifras, Oyarzabal exige explicaciones “urgentes” de Ejecutivo vasco y foral de Álava: “Estos macrochiringuitos no se darían en ninguna otra comunidad”

·      Recuerda que “la sentencia del caso De Miguel confirma que las cuadrillas juegan un papel clave de la red clientelar del PNV

·      “No vale con pedir perdón si se protege a los corruptos y se hace la vida imposible a quienes denuncian la corrupción”, dice al PNV

31 de enero de 2023. El PP ha desvelado hoy que las cuadrillas de Álava, organismos comarcales administrativos financiados por Diputación foral y Gobierno vasco, dedicaron en 2022 un total de 6.481.871,46 euros para pagar sueldos de 114 personas contratadas bajo criterios “opacos” y “fundamentalmente a dedo”. En la última legislatura, ha anunciado, las cuadrillas gastaron en personal un total estimado de casi 26 millones de euros.

Lo han denunciado el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, y la secretaria general de la formación, Ana Salazar, que han advertido del “escándalo” que supone la ausencia total de control” sobre entidades administrativas en el territorio financiadas con dinero público y con presupuestos anuales de 16 millones de euros.

Los ‘populares’ han recordado que las cuadrillas y el caso Cuadrillas forman parte de la sentencia del caso de Miguel –el caso de corrupción más grave de la historia del País Vasco, protagonizado por el PNV– y que en ella se avala que estas formaban parte de la red clientelar que el PNV utiliza en Álava. Ante ello, el PP requirió el pasado noviembre una auditoría de todas las cuadrillas, con el objetivo de impulsar la transparencia y el control de los fondos públicos destinados a ellas. “No obtuvimos respuesta, hemos investigado y los datos que hemos encontrado son sumamente preocupantes”, ha informado Salazar.Tras recordar que la mayoría de estas entidades llevan 26 años sin auditarse y censurar su “ineficacia” porque reciben financiación sin que ello conlleve la prestación de servicios eficientes a los ayuntamientos, ha desglosado el presupuesto con el que contaron las cuadrillas en 2022. Así, la de Montaña alavesa contó con 1.529.572 euros; Ayala, 4.547.984,70 euros; Añana, 3.172.356,85 euros; Llanada alavesa: 2.409.847,17 euros; Gorbeialdea: 1.548.889,99 euros; y Rioja: 2.962.899,89 euros. En total: 16.171.550,97 euros.

“Las cuadrillas se crearon con un objetivo positivo, que era mancomunar los servicios de la zona rural para que saliesen más baratos a los alaveses; desde recogida de basuras hasta arquitectos o asistentes sociales”, ha explicado Salazar. No obstante, se han convertido en organismos “ineficaces” utilizados por el PNV “como chiringuiros en la zona rural”. Así, Salazar ha apuntado cuáles son los gastos en personal, “lo realmente preocupante ante la falta de concursos públicos reales y designaciones a dedo”.

Montaña alavesa dedica a personal 543.859 euros; Ayala, 888.406,04 euros; Añana, 1.720.300,92 euros; Llanada alavesa, 1.113.328,17 euros; Gorbeialdea, 832.291,82 euros; y Rioja, 1.383.685,23 euros. “El total del gasto en personal en el ejercicio de 2022 ha sido de 6.481.871,46 euros, que corresponde, según hemos podido saber, a unas 114 personas contratadas. Es decir, un sueldo medio de 57.000 euros”, ha afirmado.

Oyarzabal ha aseverado que “hoy las cuadrillas ya no responden al objeto por el que fueron creadas”. “Llevan sin auditarse la mayoría 26 años. Hemos tratado que el Tribunal de cuentas audite, sin éxito, y nos niegan la información”. Con todo, ha destacado que el PP alavés ha podido dilucidar que en la última legislatura las cuadrillas han gastado en personal contratado bajo criterios dudosos un total estimado de casi 26 millones de euros. Y que su presupuesto total en cuatro años ha ascendido al menos a 64 millones. “Sin auditar, sin control y a dedo”, ha apostillado. “Se genera una red en cada una de las comarcas que al final es un modo de operar que nos parece que es una forma clara de corrupción”, ha incidido.

“Se está jugando con el dinero de los alaveses y hoy vamos a exigir explicaciones a la Diputación y al Gobierno vasco. Auditorias y que de esto dé cuentas urgentes el diputado general alavés, Ramiro González”, ha demandado el ‘popular’. “Todas las cuadrillas están presididas por alcaldes del PNV y pese a que estas están obligados por ley a tener un portal de transparencia, no lo tienen. Vamos a pedir la publicación de los puestos de trabajo de todas las cuadrillas”, ha anunciado. “Estos macrochiringuitos no se darían en ninguna otra comunidad”, ha puntualizado.

En palabras de Oyarzabal, “la sentencia del caso De Miguel confirma que las cuadrillas juegan un papel clave de la red clientelar del PNV” y “por ello, urge poner el punto de mira en estas instituciones”. “El modo de operar del PNV es un modelo de favoritismos para familiares y amigos que de una manera u otra está asfixiando la iniciativa en nuestro territorio. Y el PNV no ha hecho ningún tipo de trabajo para que esto no se vuelva a producir. No vale con pedir perdón si se sigue protegiendo a los corruptos. No vale con pedir perdón cuando el PNV hace la vida imposible a quienes denuncian la corrupción. Es éticamente reprochable y moralmente injusto”, ha valorado.

El PP alavés denuncia que el pacto presupuestario PSOE-Bildu en Iruña de Oca evidencia que van de la mano en Álava

“No entendemos la actitud del PSOE, que dice que no tiene ningún acuerdo con Bildu; que no mientan, Iruña de Oca les deja en evidencia”. 

20 de enero 2023.- El PP de Álava denuncia que el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PSOE y Bildu en Iruña de Oca “evidencia quiénes son los socios de viaje de los socialistas”.

Así se ha pronunciado la secretaria general del PP alavés, Ana Salazar, que ha recordado que el PSE-EE, que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Iruña de Oca, ha sacado adelante los presupuestos de 2023 con EH Bildu, “como ya hizo el año pasado”.

Salazar ha reprochado la actitud de los socialistas y ha resaltado el “mar de contradicciones” en el que se halla sumido en Álava, donde niega su connivencia con Bildu mientras camina de la mano de la formación abertzale: “No entendemos la actitud del PSOE, que dice que no tiene ningún acuerdo con Bildu; que no mientan, Iruña de Oca les deja en evidencia”. 

El PP denuncia que desde enero los alaveses pagan hasta un 60% más de impuesto de plusvalías que en Vizcaya 

  • Responsabiliza al Gobierno foral de PNV y PSE, encargado de modular la normativa que rige en los ayuntamientos para este tributo 
  • Afea el “nulo compromiso” del Gobierno vasco con Álava en inversión sociosanitaria y que el nuevo convenio entre Diputación y Administración vasca ni siquiera cubre el IPC acumulado durante los últimos 10 años 
  • Censura que la falta de compromiso con Álava es “inexplicable” dadas las “cifras récord” de recaudación de impuestos 

18 de enero 2023.- El PP alavés ha denunciado hoy que la reforma en torno al impuesto municipal de plusvalías llevada a cabo por el Gobierno foral de Álava de PNV y PSE ha logrado que desde el 1 de enero de 2023 los alaveses paguen hasta un 60% más por este tributo que en Vizcaya. 

El procurador ‘popular’ en Juntas Generales, Aitor Uribesalgo, ha expuesto que si bien hasta diciembre de 2022 un vitoriano o vitoriana pagaba hasta un 50% más que sus vecinos vizcaínos en concepto de impuesto de plusvalías, a partir del 1 de enero de 2023, “los alaveses pagaremos más aún”. Todo, ha incidido, como consecuencia del aumento de la presión fiscal de la Diputación foral, encargada de modular el tributo; y a pesar de que Álava se halla en récord de recaudación. 

El decreto foral, ha expuesto, propone incrementar los coeficientes que sirven para determinar la base imponible del conocido como Impuesto municipal sobre plusvalías. En referencia al Gobierno foral, Uribesalgo ha puntualizado: “La argumentación que ustedes dan para ello es que como en la Hacienda de régimen común lo han modificado, pues ustedes copian ese incremento aquí en Álava, para que los Ayuntamientos puedan aumentar la presión fiscal”. 

“Es una pobre argumentación, pues el Concierto económico nos permite no hacer un corta y pega del Estado. Quizás han olvidado que aquí tenemos distintos impuestos como IRPF, Impuesto de Sociedades y, en general, todos los impuestos concertados. O bien se les ha olvidado esto, o es una disculpa para subir impuestos”, ha criticado. El procurador ha detallado que el impacto sobre los bolsillos de los contribuyentes será “muy elevado”. 

Convenio sociosanitario 

La portavoz del PP en Juntas Generales, Ana Morales, ha asegurado que el convenio de colaboración entre la Diputación foral de Álava y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la atención sociosanitaria es una “enorme decepción” y la evidencia del “nulo compromiso” del Gobierno vasco con Álava. 

“Nos hemos llevado una enorme decepción viendo las escasas cuantías; es inexplicable que esto pase con cifras record de financiación y cuando la Diputación y el Gobierno vasco son instituciones gobernadas por el mismo partido, el PNV, ha añadido. 

Morales ha ejemplificado que para 2023 llegarán a Álava, previsiblemente, 700 mil euros más: “Eso es todo”, sobre un convenio de cuatro millones de euros. “Este Gobierno foral llama esfuerzo importante a 700 mil euros, cantidad que ni siquiera cubre el coste de las plazas de nueva creación durante los últimos 10 años, o las plazas de la residencia Arabarren”, ha argumentado, para a renglón seguido denunciar que “a los alaveses nos han despachado con 700 mil euros después de que el convenio haya estado congelado durante 10 años, pero si hacemos la comparativa con Vizcaya, resulta que ese territorio ha recibido del Gobierno vasco durante estos años 20 millones sólo para plazas sociosanitarias de enfermedad mental”. 

El Gobierno alavés de PNV y PSE, ha resaltado, “ha fracasado durante toda la legislatura intentando negociar con el Gobierno vasco”. Y según ha insistido, “es muy preocupante el escaso compromiso del Ejecutivo autonómico con récord de recaudación en Álava”. “Necesitamos un Gobierno foral valiente porque ya está bien de que nos tomen el pelo”, ha apostillado. 

Bomberos 

El PP alavés, de la mano de la procuradora Ana Salazar, ha reclamado hoy en Juntas Generales de Álava que el hidroavión que el Gobierno vasco comprometió tras la petición del PP alavés para luchar contra incendios se ubique en el territorio histórico. 

Según ha expuesto, los profesionales llevan meses trasladando al PP alavés que hay “problemas y carencias”. Sobre todo, en la “coordinación en los incendios”. “Álava ha sido siempre un territorio con bajo índice de incendios, pero este año han ardido mas hectáreas que en los últimos 12 años. Necesitamos contar con todos los medios materiales y humanos en nuestro territorio”, ha explicado.

“Cuando se creo el organismo autónomo de bomberos, pedíamos que fuera completo y poder contar con un dispositivo aéreo”. La respuesta de los grupos del Gobierno de la Diputación, ha recordado, “fue que no era necesario”. Pese a todo, Salazar ha incidido en que “el tiempo ha dado la razón al PP alavés” a raíz de la decisión del Gobierno vasco, el 2 de noviembre, de mostrar su disposición a alquilar un hidroavión para el País Vasco. 

Pese a que el Gobierno vasco “lo querrá ubicar en Bizkaia”, ha afeado, “ahora pedimos que ese hidroavión se ubique en Álava, que es el territorio que mas lo necesita”. Del mismo modo, ha demandado a la Diputación foral que se reúna con los profesionales del colectivo de bomberos y les escuche, así como que realice un informe en torno a las “irregularidades” sucedidas en la última OPE. “No se han hecho bien las cosas”, ha añadido.