El PP de Álava acusa al PNV de “regalar” a Vizcaya la gestión de la línea que unirá Foronda y Loiu

  • Lo enmarca en la estrategia de “seguidismo del PNV alavés con Vizcaya”
  • Censura que la decisión llega tras la renuncia de la Diputación alavesa a ser la institución encargada de la redacción de los pliegos, licitación y adjudicación de las líneas de autobús que unían los dos territorios

17 de octubre 2022.- El Partido Popular ha acusado hoy al PNV de “regalar” a Vizcaya la gestión de la línea de autobús que unirá los aeropuertos de Foronda y de Loiu, “una conexión estratégica que la Diputación foral de Álava ha entregado a la Diputación vizcaína en el marco de la política de seguidismo del PNV alavés con Vizcaya”.

Así lo ha manifestado el procurador del PP en la cámara foral, Borja Monje, tras la comparecencia del diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Carlos Ibarlucea (PSE), en las Juntas Generales de Álava este lunes para presentar el anteproyecto de concesión.

El portavoz ‘popular’ ha reprochado que la postura “dócil” del Gobierno del diputado general Ramiro González (PNV) llega después de que la Diputación alavesa renunciase a ser la institución encargada de la redacción de los pliegos, licitación y adjudicación de las líneas de autobús que unían Álava con Vizcaya.

En palabras de Monje, la Diputación foral de Álava ha entregado la gestión de la línea Foronda-Loiu a Vizcaya a pesar de que “hacerlo supone, de nuevo, desistir a la hora de ejercer sus responsabilidades ante los alaveses; en un nuevo ejercicio de entreguismo del PNV al territorio vecino”. 

El procurador, que ha recordado que se trata de una línea demandada de forma histórica por el PP alavés, ha reprochado que esta no se vaya a poner en marcha hasta 2024: “Hablamos de falta de agilidad, lentitud y mala gestión”. “La política del PNV en Álava supone que el territorio y los alaveses estemos perdiendo ingresos y capacidad de decisión”, ha apostillado.

Oyarzabal advierte de un fin de ciclo en Álava en “la legislatura de las promesas incumplidas” por Ramiro González

  • A tres días del debate de política general, anuncia que el proyecto de la Diputación alavesa está agotado tras un “pobre” balance
  • Censura el seguidismo de las políticas de Sánchez por parte de la institución foral y asegura que “Álava necesita más”
  • Anuncia una batería de propuestas del PP para revitalizar el territorio y para evitar que las instituciones sigan frenando el potencial de Álava
  • Pregunta “que si las familias y los trabajadores han hecho un esfuerzo fiscal por qué la Diputación no quiere ajustarse el cinturón”

15 de septiembre 2022.- EL PP de Álava ha asegurado hoy que la Diputación foral se encuentra ante un “fin de ciclo” en una legislatura marcada por “los constantes incumplimientos” del diputado general, Ramiro González. En palabras del presidente de los ‘populares’ alaveses, Iñaki Oyarzabal, el proyecto del PNV está “agotado”, su balance es “pobre” y se fundamenta en políticas que hacen seguidismo de las impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, contrarias a los intereses de los ciudadanos, que encararán un año marcado por la crisis económica.

El también portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava se ha pronunciado así a tres días de que se produzca el debate de política general en la institución foral, en el que el PP destacará el cúmulo de incumplimientos del equipo de Gobierno de González. En este sentido, Oyarzabal ha interpelado al PNV por los olvidos de la Diputación, como el Plan de recuperación del patrimonio industrial rural; la promesa de invertir 500 millones en Álava entre 2022 y 2025; la reforma del estadio de Mendizorroza; la del Instituto foral de Bienestar Social; la digitalización de los pueblos; o el Plan de infraestructuras, que se viene incumplido en un 50% anualmente.

En palabras del dirigente alavés, tanto el diputado general como su equipo de Gobierno han apagado el territorio hasta el punto de minar la capacidad de Álava, la iniciativa de su tejido productivo y su potencial humano. Oyarzabal ha recordado que Diputación y Juntas Generales deben ser un instrumento al servicio de los alaveses, sobre todo en materia fiscal. No obstante, ha apuntado, en lugar de aliviar el bolsillo de las familias y de los trabajadores con bajadas de impuestos, se ha recaudar sin devolver el esfuerzo a los contribuyentes. 

Como ejemplo, ha destacado que mientras el PNV se niega a impulsar reformas fiscales para paliar la galopante inflación, ha aumentado un 31% los altos cargos en la Diputación foral de Álava; es decir, en diputados, diputadas y directores de los departamentos de la institución foral. “La etapa de gobierno foral del PP contaba con 29 altos cargos y en la actual del PNV hay 38, sin contar el Consorcio de Aguas Urbide, la sociedad pública Enargi y la fundación Mobility Lab”, ha puntualizado Oyarzabal.

El PP ha censurado que el PNV y el propio Ramiro González esté hoy más cerca de las políticas de Pedro Sánchez que de las propuestas de la oposición moderada. A renglón seguido, ha expuesto que “Álava necesita más”, un Gobierno foral que defienda los intereses de los alaveses no sólo de las políticas erráticas impulsadas por el PSOE y por Podemos desde Moncloa, sino también un Ejecutivo que exija al Gobierno vasco que ejecute inversiones en Álava.

El PP alavés, así, ha denunciado que de las ayudas directas provenientes del Estado para paliar las consecuencias del Covid–19, cifradas para el País Vasco en más de 200 millones de euros, Álava sólo recibió 11 millones. Y con respecto a los Fondos Next Generation, de los 800 millones anunciados por la Diputación para reindustrializar Álava, al territorio sólo han llegado en 2021 5 millones de euros.

Por su parte, Oyarzabal ha anunciado que en el debate de política general, que arrancará el próximo lunes en las Juntas Generales, el PP presentará una batería de propuestas encaminadas a revitalizar el territorio y a evitar que las instituciones sigan frenando el potencial de Álava. Entre esas propuestas, ha apuntado, destacará un planteamiento de rebajas fiscales que tenga en cuenta no sólo a los trabajadores y autónomos, sino también a empresas y a la propia Administración.