El PP denuncia el “drama de la salud mental” en Álava: listas de espera 30 veces superiores que en Guipúzcoa y Vizcaya

  • Advierte de que la falta de atención deja en evidencia la gestión de la Diputación foral, de la que dependen centros de día y ocupacionales y de alojamiento residencial para el colectivo
  • Propone “medidas de choque”, más recursos y plazas para colocar en la salud mental en la agenda política
  • Desvela que mientras en el resto del País Vasco las consultas se resuelven en menos de 3 días, los alaveses aguardan más de un mes

30 de enero de 2023. El PP ha denunciado hoy “el drama de la salud mental en Álava” y ha desvelado que en el territorio las listas de espera para recibir atención son 30 veces superiores a las de Guipúzcoa y Vizcaya, algo “incomprensible” que deja en evidencia la gestión llevada a cabo por las instituciones gobernadas por PNV y PSE.

La portavoz adjunta del PP en Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha expuesto hoy en rueda de prensa los datos, que apuntan que mientras en el resto del País Vasco el tiempo de espera en Osakidetza para consultas en el marco de la salud mental es inferior a tres días –1,33 días en Vizcaya y 2,88 días en Guipúzcoa–, los alaveses deben esperar una media de 38 días.

Por todo ello, los ‘populares’ han demandado “medidas de choque urgentes” a las principales instituciones implicadas “para que las personas con enfermedad mental estén en la agenda política en un lugar prioritario y paliar así el deterioro de la atención a este colectivo”. Concretamente, la procuradora ha instado a la Diputación foral a crear más recursos y plazas en centro día, alojamiento residencial y centro ocupacional, así como impulsar la coordinación con el Gobierno vasco para la financiación de nuevas plazas, “como se hace con Vizcaya”.

Con respecto al Gobierno vasco, también liderado por PNV y PSE, el PP alavés ha solicitado el desarrollo del reglamento de la nueva Renta de Garantía de Ingresos (RGI) “para que las personas con enfermedad mental recuperen esta prestación económica”, y reforzar el número de médicos en el área de salud menta del Álava.

Morales ha desvelado que en el territorio alavés hay en este momento más de 140 personas en listas de espera para recibir atención y recursos por parte de la Diputación foral: 67 de ellas aguardan para acceder a una residencia; 36, a un centro de ocupación; 26, a un programa de intervención socioeducativa; y 14, a un centro de día.

El PP alavés ha asegurado que la demanda de consultas en la red de salud mental de Osakidetza ha aumentado, según han advertido los sindicatos, un 27% en el último año y ha denunciado la inexistencia de RGI para viviendas comunitarias desde marzo de 2020.

El PP denuncia el abandono que sufre el Valle de Ayala en servicios sociales

  • Al presupuesto foral del 2021, los populares presentarán, entre otras enmiendas, un estudio de necesidades sociales en el Valle de Ayala para analizar cómo están cubiertas todas las necesidades sociales y qué cobertura dan los actuales servicios desde discapacidad, servicios sociales de base, mayores, cuidadores, familia…
  • Ejemplos de la precariedad actual que sufre la población ayalesa: la necesidad de un alojamiento de alta intensidad para personas con enfermedad mental, la eliminación del servicio de acompañamiento en los autobuses que desplazan a personas con discapacidad a los centros ocupacionales de Vitoria-Gasteiz y el excesivo tiempo destinado a los trayectos en autobús que les impide desarrollar todas las actividades al igual que el resto de compañeros. 
  • Ana Morales, portavoz suplente de Populares Alaveses en Juntas Generales de Álava: “La atención y prestaciones que se dan en el Valle de Ayala están ancladas en los años 80, urgimos a que Gobierno Vasco y Diputación de Álava se involucren porque sufren unas carencias muy preocupantes”.
  • Montse Canive, portavoz del PP de Ayala: “Si alguno de los usuarios con discapacidad se cae en el trayecto en autobús, si sufre un ataque, incluso si necesita ayuda para subir y bajar, ¿quién le va a atender? La persona encargada de la conducción debe estar centrada en la carretera y el tráfico y no puede atender a los usuarios, están desprotegidos”.

29 diciembre 2020.-El PP ha denunciado esta mañana el abandono que sufre el Valle de Ayala en materia de servicios sociales por parte del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava. En la Herriko Plaza de Llodio, la portavoz suplente de Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, y la portavoz del PP de Ayala, Montse Canive, han urgido a que ambas instituciones se involucren en el Valle de Ayala porque “tiene unas carencias muy preocupantes”.

Ana Morales ha adelantado que el PP va a presentar enmiendas en los presupuestos del Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava para mejorar estas necesidades en el Valle de Ayala. En concreto, desde el grupo juntero Populares Alaveses se propondrá en las enmiendas al presupuesto foral del 2021 una partida para alojamientos residenciales para personas con enfermedad mental, “que es lo más urgente y cubrir así la reivindicación de la Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Asasam que se sienten abandonadas”; otra para hacer un estudio de necesidades sociales en el Valle de Ayala para analizar cómo están cubiertas todas las necesidades sociales y qué cobertura dan los actuales servicios desde discapacidad, servicios sociales de base, mayores, cuidadores, familia… y otra con un plan de apoyo a la familia para situaciones de dependencia urgente y de apoyo a la conciliación. 

La portavoz suplente en la Cámara foral ha señalado que “la atención y prestaciones que se dan en el Valle de Ayala están ancladas en los años 80, están desfasadas” y ha matizado que “la sociedad ha evolucionado mucho y las necesidades son otras, con estructuras familiares distintas y la composición sociológica del Valle de Ayala ha cambiado”. Asimismo, la procuradora popular ha remarcado que esta situación es consecuencia de que “unos por otros (en alusión al Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava) la casa sin barrer”.

Como uno de los ejemplos de la precariedad que sufren los habitantes del Valle de Ayala en servicios sociales, Morales ha recordado el alojamiento de alta intensidad en Ayala para personas con enfermedad mental que reclama desde años la Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Asasam. “No solo no se amplían ni mejoran los servicios de enfermedad mental, donde hay una necesidad muy importante, sino que las familias están muy abandonadas y con una atención muy precaria”, ha sostenido. También ha recordado cómo desde el PP “llevamos años solicitando una adecuada gestión de los recursos de salud mental, que se ha quedado en promesas y excusas banales por parte del gobierno de la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco para no llevarlas a cabo”.

Por otro lado, la portavoz del PP de Ayala, Montse Canive, ha denunciado el recorte del servicio de acompañamiento en los autobuses que trasladan a las personas con discapacidad del Valle de Ayala a los centros ocupaciones de Vitoria-Gasteiz. “Si alguno de los usuarios se cae, si sufre un ataque, incluso si necesita ayuda para subir y bajar del autobús, ¿quién les va a atender?”, ha cuestionado y afirmado que “la persona encargada de la conducción debe estar centrada en la carretera y el tráfico y no puede atender a los usuarios, están desprotegidos”. Canive ha apuntado que el servicio lleva suprimido desde marzo.

Además, la portavoz del PP de Ayala ha denunciado el excesivo tiempo que pasan las personas con enfermedad mental en el autobús en los traslados, lo que les impide desarrollar todas las actividades de los centros ocupacionales en Vitoria-Gasteiz. “Se tiran en el autobús una media de 2 horas en cada trayecto, por lo que no pueden hacer las mismas actividades que el resto de compañeros en el centro de Vitoria-Gasteiz, como por ejemplo, ir a la natación en la piscina porque disponen de menos tiempo, es un perjuicio para ellos”. 

El PP pide que Diputación cumpla con los programas de respiro que prometió en Zainduz

  • La moción de los populares se debatirá mañana en el Pleno de Juntas Generales de Álava.
  • Marta Alaña, procuradora del grupo Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava: “Desde el PP hemos sido claros y contundentes para denunciar esta situación de incumplimiento, presentamos esta iniciativa para que la Diputación cumpla los quince días de respiro sin coste que prometió porque queremos mejorar el bienestar de los alaveses y más el de un colectivo en situación de tanta necesidad como es la dependencia”.
  • “Somos propositivos y queremos que la Diputación devuelva las cantidades que indebidamente se cobraron este año en concepto de precio público por servicio que estaban exentos”. 

15 diciembre 2020.- El PP ha pedido que la Diputación Foral de Álava cumpla con los programas de respiro que prometió en Zainduz. Como ha señalado la procuradora del grupo popular en las Juntas Generales de Álava, Marta Alaña, “el Partido Popular mira por el interés de los alaveses y sobre todo de aquellos que están en una situación de mayor necesidad. Por ello, proponemos una iniciativa para que se cumplan estos programas de respiro, que se cumpla lo que prometió el PNV y los quince días de respiro sean sin coste para ir mejorando paulatinamente los servicios de respiro destinados a las personas mayores, con discapacidad y con enfermedad mental”.

Cartel de la campaña ZainduzAraba

Como ha recordado, “constatamos a través del control que la Diputación Foral de Álava no había cumplido en el programa Zainduz 21 meses después”, presentado en “a bombo y platillo” en una campaña publicitaria en las elecciones. Muchas de las medidas que anunciaron en Zainduz ya existían y prácticamente la única novedad fue que los primeros quince días de respiro iban a ser sin costo para las personas dependientes como para sus familias. “En estos 21 meses, solo 9 de pandemia en los que no se pueden excusar, no se ha cumplido y lo más preocupante es que se jugó con las expectativas de un colectivo de 4.500 familias alavesas”, ha señalado la juntera del PP. Y es que, como ha apuntado, la normativa no se ha modificado para que se pueda hacer efectiva la medida. “La sorpresa ha sido que pese a estar vigente la exención de precio público, es decir, no había que pagar los primeros quince días, se ha estado cobrando ese precio a usuarios que han hecho uso de servicios de respiro”, ha denunciado Alaña. Asimismo, ha indicado que se ha reducido el programa ‘Cuidarse para cuidar’.

Alaña ha insistido en que “hemos sido claros y contundentes para denunciar esta situación, pero presentamos esta iniciativa mañana en pleno para que se cumpla porque queremos mejorar el bienestar de los alaveses y más el de un colectivo en situación de tanta necesidad como es la dependencia”. 

El PP espera que mañana en el seno de las juntas Generales se pueda optar a un acuerdo para que la Diputación Foral cumpla con estos programas tan necesarios. “Es por ello que pedimos que se modifique la normativa necesaria para modificar las ayudas económicas para que, como prometió Diputación, salga sin coste los primeros quince días. También devuelva el precio público que indebidamente se haya cobrado, como reconoció el propio diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, y que vuelva a estar exento”, ha apuntado. 

Alaña ha hecho un llamamiento a que se mantengan todos los programas de respiro, y que no desaparezcan con la excusa de la pandemia porque son prioritarios. La procuradora popular ha pedido, también que “paulatinamente en aquellos recursos de discapacidad o enfermedad mental forales donde no existe iniciativa privada se vayan articulando por Diputación y se reserven plazas de respiro”.

Por último, Alaña ha solicitado que se garantice que en las residencias privadas las personas mayores van a poder disfrutar del respiro porque “no solo es reconocer una mayor ayuda, es necesario que la Diputación articule mecanismos con las residencias privadas y se pueda disfrutar del respiro”. 

El PP denuncia que Lanbide excluye de la RGI a las personas con enfermedad mental

  • Ana Morales, portavoz suplente del grupo Populares Alaveses presidente del PP de Álava: “Si las instituciones públicas no abren alojamientos ni ponen en marcha recursos residenciales para las personas de enfermedad mental y se les quita la RGI desde marzo, es un colectivo abandonado y maltratado por las instituciones públicas”.
  • Los populares urgen una solución urgente con una prestación económica inmediata vía RGI o de otro tipo mientras se articula la puesta en marcha de servicios sociales suficientes para estas personas.

10 diciembre 2020.- El PP ha denunciado esta mañana que Lanbide excluye de la RGI a las personas con enfermedad mental. Como ha apuntado Ana Morales, portavoz suplente del grupo Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava, “desde marzo estas personas con enfermedad mental viven una situación de abandono total por parte de las instituciones públicas, en el peor momento con esta pandemia, y urgimos una solución urgente con una prestación económica inmediata vía RGI (Renta de Garantía de Ingresos) o de otro tipo mientras se articula la puesta en marcha de servicios sociales suficientes para estas personas”.

El PP ha presentado en Juntas Generales de Álava una moción con carácter de urgencia, que fue rechazada por los grupos del Gobierno PNV y PSOE, “a pesar de que hay decenas de personas sin recursos, sin comida y sin un techo donde dormir”, ha apuntado Morales. Además, los populares han pedido la comparecencia del Diputado de Políticas Sociales Emilio Sola para exigir responsabilidades en una comisión. 

Morales ha denunciado la “dramática situación” que viven las personas con enfermedad mental ante “una acción insuficiente” de la Diputación Foral de Álava. “Solo se les presta atención sanitaria, es la única atención que reciben”, ha incidido. La Diputación intentó “con desgana” una solución insuficiente, incluyendo algunas de estas viviendas en el registro foral de servicios sociales, pero no ha tenido ningún éxito porque algunas ya estaban en el registro y seguían denegándose la RGI a las personas empadronadas allí. 

Según ha explicado la procuradora popular, “desde marzo de 2020 Lanbide ha empezado a denegar la RGI a las personas con enfermedad mental que viven en alojamientos de carácter privado, que son la mayoría porque se ven abocados a vivir en este tipo de viviendas comunitarias y pensiones ante la falta de unos recursos residenciales públicos o concertados que les procuren las administraciones”.

En este sentido, la RGI venía a paliar esta insuficiencia de alojamientos de responsabilidad pública y “al denegarles la RGI y se ven abocadas a la calle y la exclusión social, no tienen dinero para un techo ni para la manutención, sin recursos económicos de ningún tipo”, ha detallado. En su opinión, la RGI no debería ser la solución definitiva para el colectivo de enfermedad mental, pero “les procuraba hasta marzo un techo, un alojamiento y una manutención”. Desde marzo Lanbide está aplicando la literalidad del decreto que rige la RGI en el que establece en el artículo 6 que solo pueden ser considerados alojamientos colectivos a efectos de RGI: pisos de acogida, centros residenciales de exclusión social o para mujeres víctimas de maltrato. “La enfermedad mental no aparece, está también en el limbo de la RGI”, ha sostenido.

En definitiva, Morales ha denunciado que “si las instituciones públicas no abren alojamientos ni ponen en marcha recursos residenciales para las personas de enfermedad mental y se les quita la RGI, es un colectivo abandonado y maltratado por las instituciones públicas”. 

La portavoz suplente de Populares Alaveses en la cámara foral ha subrayado que al PP le consta que las trabajadoras sociales de Álava están “desbordadas, desesperadas y muy preocupadas porque no tienen herramientas para dar una solución a las personas con enfermedad mental a las que se les está quitando la RGI”. Tal y como han trasladado, muchos recursos de carácter privado, viviendas comunitarias y algunas pensiones han tenido que cerrar porque los usuarios no han podido pagar los costes. E incluso, en algunas les están dando de comer de manera altruista y otras sin capacidad económica no han podido. “Alrededor de diez viviendas comunitarias, en las que viven 9 personas en cada una, han tenido que cerrar, pero serán muchas más se puede multiplicar por dos o tres. El nivel de abandono institucional es tal que no hay un seguimiento oficial ni un dato oficial del número de personas que están en esta situación”, ha criticado Morales.