Advierte de que la falta de atención deja en evidencia la gestión de la Diputación foral, de la que dependen centros de día y ocupacionales y de alojamiento residencial para el colectivo
Propone “medidas de choque”, más recursos y plazas para colocar en la salud mental en la agenda política
Desvela que mientras en el resto del País Vasco las consultas se resuelven en menos de 3 días, los alaveses aguardan más de un mes
30 de enero de 2023. El PP ha denunciado hoy “el drama de la salud mental en Álava” y ha desvelado que en el territorio las listas de espera para recibir atención son 30 veces superiores a las de Guipúzcoa y Vizcaya, algo “incomprensible” que deja en evidencia la gestión llevada a cabo por las instituciones gobernadas por PNV y PSE.
La portavoz adjunta del PP en Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha expuesto hoy en rueda de prensa los datos, que apuntan que mientras en el resto del País Vasco el tiempo de espera en Osakidetza para consultas en el marco de la salud mental es inferior a tres días –1,33 días en Vizcaya y 2,88 días en Guipúzcoa–, los alaveses deben esperar una media de 38 días.
Por todo ello, los ‘populares’ han demandado “medidas de choque urgentes” a las principales instituciones implicadas “para que las personas con enfermedad mental estén en la agenda política en un lugar prioritario y paliar así el deterioro de la atención a este colectivo”. Concretamente, la procuradora ha instado a la Diputación foral a crear más recursos y plazas en centro día, alojamiento residencial y centro ocupacional, así como impulsar la coordinación con el Gobierno vasco para la financiación de nuevas plazas, “como se hace con Vizcaya”.
Con respecto al Gobierno vasco, también liderado por PNV y PSE, el PP alavés ha solicitado el desarrollo del reglamento de la nueva Renta de Garantía de Ingresos (RGI) “para que las personas con enfermedad mental recuperen esta prestación económica”, y reforzar el número de médicos en el área de salud menta del Álava.
Morales ha desvelado que en el territorio alavés hay en este momento más de 140 personas en listas de espera para recibir atención y recursos por parte de la Diputación foral: 67 de ellas aguardan para acceder a una residencia; 36, a un centro de ocupación; 26, a un programa de intervención socioeducativa; y 14, a un centro de día.
El PP alavés ha asegurado que la demanda de consultas en la red de salud mental de Osakidetza ha aumentado, según han advertido los sindicatos, un 27% en el último año y ha denunciado la inexistencia de RGI para viviendas comunitarias desde marzo de 2020.
Los populares quieren ayudar a las familias en las gestiones para contratar cuidadores, ya que se sienten abandonadas. Una oficina que no existe en nuestro entorno, con bolsa de trabajo incluida para facilitar la intermediación y el acceso directo a profesionales cualificados.
Las propuestas están recogidas en las enmiendas parciales del PP presentadas al presupuesto foral para el 2022.
Ana Morales, portavoz suplente de Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava: “A pesar del aumento de recaudación que tiene la Diputación, la gente vive peor por la subida de los precios. La familia es la gran olvidada por el gobierno del PNV y PSOE”.
Marta Alaña, procuradora de Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava: “Estamos cansados de las promesas incumplidas del gobierno en la atención a las personas con discapacidad. Es necesario garantizar la igualdad de oportunidades para este colectivo y sus familias con la puesta en marcha de proyectos novedosos que mejoren su atención”.
16 diciembre 2021.- La creación de una oficina para ayudar a las familias en la contratación de cuidadores, así como subir las ayudas de dependencia un 3%, son dos de las principales mejoras que el PP quiere conseguir para los alaveses de cara al año que viene. El grupo popular en las Juntas Generales de Álava ha presentado al presupuesto foral para 2022 estas dos propuestas, entre otras, porque, como ha señalado su portavoz suplente, Ana Morales, “hemos analizado las cuentas que han presentado el PNV y el PSOE en el Gobierno foral y no vemos mejoras para los colectivos de la dependencia, pese a que el presupuesto ha aumentado 47 millones de euros con respecto al año anterior. Además, aunque también haya aumentado la recaudación de la Diputación alavesa, la gente vive peor por la subida de los precios. La familia es la gran olvidada por este gobierno”. “Cada vez son más las familias alavesas que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Hay un retroceso en calidad de vida por la subida desbocada de productos o cuestiones básicas”, ha explicado Morales. Por eso, la portavoz suplente ha planteado un plan de apoyo a la familia, que incluya también medidas de conciliación y apoyo urgente para situaciones de dependencia repentina.
En total, el PP ha propuesto fortalecer las políticas sociales aumentando en 3,6 millones de euros el presupuesto para el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). Con este incremento, los populares quieren crear una oficina para ayudar a las familias con dependientes y mayores a su cargo en las gestiones para la contratación de cuidadores. “Sería una oficina muy novedosa que no existe en nuestro entorno, con bolsa de trabajo incluida para facilitar la intermediación y el acceso directo a profesionales cualificados”, ha detallado y añadido que “queremos volver a estar en la vanguardia porque vemos que estos presupuestos no tienen iniciativas innovadoras en lo social”.
Y para contribuir a esa ayuda a las familias, el PP quiere aumentar un 3% todas las prestaciones que perciben las personas con dependencia y sus familias. En concreto, son las prestaciones de la dependencia dentro del nivel de protección adicional alavés, tanto de la PECEF (prestación para cuidados en el entorno familiar) como de la PEVS (prestación vinculada al servicio), como de la PEAP (prestación para asistencia personal). Como ha explicado la procuradora popular, Marta Alaña, en el caso de la PECEF y de la PEVS, “estas prestaciones llevan congeladas desde el año 2018, entonces también fue una enmienda del PP las que forzó a subirlas en el pacto presupuestario de ese año. Desde entonces el IPC anual ha subido y la inflación prevista para este año posiblemente pase del 5%”. Con esta medida se beneficiarían todos los meses más de 6.000 familias alavesas que cuentan entre sus miembros con una persona dependiente.
También han contemplado en las mejoras que proponen un Plan Integral contra la exclusión tecnológica a los mayores que se aplique a toda la Diputación, porque “cada vez se encuentran más trabas para hacer gestiones con la Administración”, ha apuntado Morales. Pensando en los mayores y vista la evolución del perfil de los usuarios, ha planteado un plan de refuerzo de enfermería en las residencias y la mejora continua de infraestructuras basada en la innovación.
Respecto a las personas con enfermedad mental y que viven en la exclusión social, los populares piden a la Diputación un programa de realojo urgente para quienes han perdido la RGI y se han visto abocados a vivir en la calle. Se trataría, según explica Morales, “de una solución transitoria mientras el Gobierno Vasco les devuelve la RGI y Diputación pone en marcha y gestiona nuevas plazas residenciales de enfermedad mental, cuestión que es de su competencia y desatiende porque no hay ahora mismo suficientes plazas para todo el colectivo”.
“Estamos cansados de promesas incumplidas año tras año en la atención de las personas con discapacidad por parte del gobierno del PNV” Marta Alaña, procuradora de Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava
Por su parte, Marta Alaña, consciente de la importancia de la labor de las asociaciones más pequeñas que no gozan de convenio con el IFBS, ha propuesto un incremento del 20% de la convocatoria de ayudas para sus gastos de funcionamiento para que puedan hacer frente a esta subida de la vida y puedan concurrir más y de mejor manera. Así como la adecuación de los convenios con asociaciones de discapacidad que gestionan importantes recursos para el IFBS como viviendas de apoyo y centros de día, dotándolos con 450.000 euros. Alaña ha indicado que “no puede ser que se actualicen los salarios y las cuantías de la función pública y todo lo que afecta a la propia Diputación y se olviden de las asociaciones del ámbito de la discapacidad y sus profesionales que atienden a cientos de familias alavesas con algunos de sus miembros con dependencia y discapacidad. Con más razón ellos también tienen que poder hacer frente a los mayores gastos que suponen el aumento desbocado de la inflación para este año”.
La atención a la discapacidad es otro de los ejes prioritarios que para el PP necesita mejoras. Marta Alaña ha recalcado que la discapacidad debe ser atendida en sus distintos estados, también en la envejecida, y por ello ha propuesto un programa de Centro de día para la discapacidad envejecida, pensado para aquellas personas con discapacidad de más de 60 años que salen de los centros ocupacionales o del trabajo protegido de INDESA. Además, la procuradora ha apostado por otro programa novedoso de igualdad de oportunidades para niños y niñas y jóvenes con discapacidad, para compensar los mayores gastos de atención en la contratación de profesionales para poder llevar a cabo y garantizar que pueden desarrollar actividades extraescolares que no sean deporte escolar y actividades de ocio y tiempo libre. Se destinan para ambos programas 300.000 euros. “Estamos cansados de promesas incumplidas año tras año en la atención de las personas con discapacidad por parte del gobierno del PNV”, ha concluido.
Marta Alaña ha añadido que, teniendo en cuenta que el Gobierno no va a llegar y por tanto se va a retrasar la puesta en marcha del nuevo centro de día para personas con discapacidad intelectual, ha planteado una partida de 75.000 euros para la puesta en marcha de soluciones transitorias para las personas que estén a la espera de plaza y no puedan ser atendidas. Por último, los populares han apostado por mejorar y redefinir los programas de ocio y tiempo libre de las residencias propias para personas con discapacidad del IFBS.
Los populares consideran vergonzoso que las enfermeras de la residencia de Llodio no puedan cogerse vacaciones por falta de personal. Es una situación de “una gravedad sin precedentes”.
Ana Morales, portavoz foral del PP de Bienestar Social: “Es una vergüenza y una falta de respeto a la plantilla que la Diputación alavesa no ponga los refuerzos necesarios para que puedan disfrutar del periodo de descanso que merecen y supone una vulneración de sus derechos más básicos”.
“La Diputación está negando el problema, incluso se permitieron votar en contra de una enmienda del PP en los presupuestos para este año en la que se proponía reforzar la plantilla de enfermería en las residencias de la Diputación”.
“Es necesario y urgente ese refuerzo de enfermería” portavoz foral del PP de Bienestar Social
11 junio 2021.- El PP de Álava lleva varios meses alertando del grave problema que se vive en las residencias de la red foral ante la falta personal de enfermería. Desafortunadamente, según explica la portavoz foral del PP de Bienestar Social, Ana Morales, el tiempo ha dado la razón a las advertencias de los populares, ya que en este periodo estival estamos asistiendo a “situaciones de una gravedad sin precedentes”, al no poder cogerse vacaciones las enfermeras de la residencia de Llodio.
Para Morales, “es una vergüenza y una falta de respeto a la plantilla que la Diputación Foral de Álava no ponga los refuerzos necesarios para que las trabajadoras puedan disfrutar del periodo de descanso que merecen y supone una vulneración de sus derechos más básicos”.
Por ello, el PP pide el máximo consenso de los todos los grupos de las Juntas Generales de Álava en torno a su propuesta registrada el pasado 13 de mayo para debatir en comisión el necesario refuerzo del personal de enfermería en las residencias forales. “La Diputación está negando el problema, incluso se permitieron votar en contra de una enmienda del PP en los presupuestos para este año en la que se proponía reforzar la plantilla de enfermería en las residencias de la Diputación”, ha recordado la portavoz foral del PP de Bienestar Social.
Ante la dramática situación que se vive en varias residencias, el PP pide al gobierno foral del PNV “que abandone su actitud soberbia y acuerde ya el refuerzo que pide el PP para el sector y los familiares de usuarios”. Por último, Ana Morales ha hecho un reconocimiento a la labor del personal de enfermería de Álava, “cuyo esfuerzo durante la pandemia no merece el trato indigno que está recibiendo por el PNV de la Diputación”, ha denunciado.
La portavoz foral popular de Bienestar Social ha remarcado que “es necesario y urgente ese refuerzo de enfermería” y ha explicado que “no solo por las nuevas necesidades que conlleva la pandemia, sino también por el aumento de la esperanza de vida que implica la necesidad de cuidados más intensos y durante más horas para los usuarios de todos los recursos de la Diputación alavesa”.
Los populares defenderán además para Álava un canon de despoblación para atajar este problema, que provoca servicios más caros por habitante en la zona rural.
Ana Morales, portavoz suplente del grupo Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava: “Pedimos que Álava pague menos dinero al Gobierno Vasco para poder asumir el mantenimiento de la AP-1 y AP-68 que se van a transferir a la Diputación en 2026 y poder invertir más en Bienestar Social para proteger mejor a nuestros mayores”.
El PP sospecha que el rodillo PNV-PSE imponga a Álava una nueva Ley de Aportaciones perjudicial para el territorio.
El PP ha pedido la comparecencia del Diputado General de Álava para que explique “qué aportaciones se han hecho por parte de Álava al nuevo borrador que han anunciado de la Ley de Aportaciones y cuál es el contenido”.
18 de febrero de 2021.- El Partido Popular ha mostrado su enorme preocupación por la inminente renovación de la Ley de Aportaciones en el escenario de mayoría absoluta de PNV y PSE en el Parlamento Vasco, tal y como anunció el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, el viernes pasado coma al término de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP). Según la portavoz suplente de Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, “en el PP se han encendido las alarmas precisamente por las declaraciones del consejero vinculando la mayoría absoluta del ejecutivo autónomo con el avance de los trabajos para renovar una ley, cuya vigencia terminó hace once años”. Por eso, los populares hacen un llamamiento a lograr el mayor consenso posible en torno a la próxima Ley de Aportaciones, ya que temen que “el rodillo PNV-PSE imponga un modelo que perjudique a Álava, dé la espalda a sus necesidades y le reste más financiación”. Además, Morales ha anunciado que el PP ha pedido la comparecencia del Diputado General de Álava para que explique “qué aportaciones se han hecho por parte de Álava al nuevo borrador que han anunciado de la Ley de Aportaciones y cuál es el contenido”.
En este sentido, el PP ha anunciado que no respaldará la Ley de Aportaciones si es injusta con Álava y no contempla sus peculiaridades, su personalidad y sus necesidades y, este sentido, Morales ha exigido para Álava un Canon por la despoblación y dispersión de la zona rural, que encarece el coste de los servicios por habitante y genera un importante problema para fijar población en los municipios alaveses.
También exigirán financiación suficiente para las competencias propias de la Diputación Foral de Álava, sobre todo en materia de Bienestar Social y carreteras, puesto que en los últimos años la Ley de Dependencia ha disparado la demanda de servicios sociales un 30% y la vigente Ley de Aportaciones no contempla ni siquiera esta situación. En materia de carreteras, para el PP es urgente incrementar la financiación que dispone Álava porque “en 2026 se va a disparar el gasto en carreteras ya que la Diputación Foral de Álava asumirá la gestión, titularidad y mantenimiento del tramo Burgos-Armiñón (AP-1) y AP-68”, ha explicado la procuradora popular.
La Ley de Aportaciones lleva perjudicando a Álava desde 2007 en más de 300 millones de euros porque le impone una obligación de aportar al Gobierno Vasco una cuantía económica muy por encima de su capacidad real, lo que deja a la Diputación con recursos insuficientes para afrontar las necesidades de Álava. “Queremos que el dinero de los alaveses se quede en Álava para atender mejor a nuestros mayores, mantener nuestras carreteras y apoyar a las empresas y a los pueblos de Álava”, ha concluido la portavoz suplente en la cámara foral.
Un total de 650 usuarios del SAD de Diputación, el 30%, se dieron de baja voluntaria durante lo más duro de la pandemia.
Ana Morales, portavoz suplente del grupo Populares Alaveses: “Queremos evitar que suceda de nuevo, Diputación Foral de Álava debe dar más certidumbres y garantías para que los usuarios recuperen y mantengan la confianza en el SAD”.
Los populares proponen realizar pruebas PCR periódicas a usuarios y trabajadores, test diagnóstico PCR a nuevos usuarios, formación a trabajadoras y una mejor coordinación entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
20 octubre 2020.- El PP de Álava ha pedido esta mañana que se dote de más medios y se realicen más pruebas PCR en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), dependiente del Instituto Foral de Bienestar Social. Según ha señalado la portavoz suplente del grupo Populares Alaveses en Juntas Generales de Álava, Ana Morales, “un total de 650 usuarios del SAD, el 30%, se dieron de baja voluntaria durante lo más duro de la pandemia y queremos evitar que suceda de nuevo”.
Morales ha reclamado a Diputación Foral de Álava “más certidumbres y garantías” para que las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio “puedan recuperar y mantener la confianza en el SAD”. El SAD es un servicio de naturaleza asistencial y preventiva dirigido a personas con dependencia, o con riesgo de dependencia, con limitaciones para realizar actividades básicas de la vida diaria o en sus habilidades personales. El servicio busca, entre otros aspectos, prevenir y/o compensar la autonomía de las personas usuarias, posibilitar la permanencia en el domicilio con calidad y el mayor tiempo posible, ayudar a las personas cuidadoras y fortalecer el sentimiento de seguridad de usuarios y cuidadores.
Con el objetivo de frenar la tendencia de renuncias, la portavoz suplente popular ha propuesto diversas medidas para lograrlo como son la realización de pruebas PCR periódicas a usuarios y trabajadores, test diagnóstico PCR a nuevos usuarios, formación a trabajadoras y una mejor coordinación entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Como ha recordado Morales, “les han hecho las pruebas PCR tarde mal y de forma absolutamente insuficiente, de hecho, a los usuarios no se les realizan hasta que tienen síntomas y eso ya es tarde”. En cuanto a las pruebas diagnóstico a las trabajadoras, la procuradora popular ha apuntado que “se les hicieron en junio y ahora en octubre se les están haciendo porque las propias trabajadoras han presionado, puesto que las instituciones ni se habían preocupado, ni siquiera les hicieron a la vuelta de las vacaciones, y falta formación específica a las trabajadoras porque solo se les han dado unas pautas genéricas”.
Y estas carencias también las sufren los usuarios. “A las personas nuevas que se incorporan al servicio tampoco se les realizan pruebas, no se ha establecido una periodicidad de PCR y falta información a las familias para fomentar el uso de mascarillas de usuarios que estén en condiciones de utilizarla”, ha subrayado.
Por último, Morales ha pedido hacer pedagogía de los protocolos de protección con familias y usuarios y más formación sobre PCR a usuarios y trabajadores para que haya más garantías que mantengan la confianza en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
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