El PP pide a Osakidetza que reduzca los turnos de 55 horas seguidas de los sanitarios de la zona rural y se garantice una atención de calidad

  • Los cambios impuestos por Osakidetza al personal sanitario de Valles 1 (Añana, Valdegovía y Lantarón) implican recortes en la atención, cierres en periodos vacacionales, condiciones laborales inadmisibles y rotación entre centros que rompe el vínculo entre paciente y profesional, afectando al resultado de la salud de la población rural
  • Tras varios días de huelga, el personal sanitario se ha manifestado hoy frente al Parlamento Vasco para visibilizar que la zona rural alavesa también merece una atención primaria de calidad
  • Ana Salazar, secretaria general del PP de Álava: “Osakidetza vuelve a demostrar su mala gestión. Debe trabajar junto a los profesionales para elaborar una fórmula organizativa y adecuada del servicio en los consultorios rurales y no de espaldas a ellos. Sin servicios básicos, los pueblos pierden población y no lo podemos permitir” 
  • Ha registrado una moción en las Juntas Generales de Álava donde reclama revertir la actual situación

17 de abril de 2026.- El Partido Popular de Álava ha pedido a Osakidetza que reduzca los turnos de 55 horas seguidas de los sanitarios de la zona rural y se garantice una atención de calidad en los pueblos alaveses. Una reclamación que ha llevado a las Juntas Generales de Álava a través de una moción. 

Y es que el personal sanitario de Añana, Valdegovía y Lantarón (zona Valles 1) ha denunciado una situación laboral inadmisible que Osakidetza ha impuesto en la nueva reorganización con turnos de 55 horas seguidas para personal médico y de enfermería. De hecho, hoy los sanitarios han concluido sus días de huelga con una manifestación frente al Parlamento Vasco. Este cambio de Osakidetza implica, además, recortes en la atención, cierres de consultorios en los periodos vacacionales y una rotación constante por distintos centros de salud, que rompe el vínculo entre paciente y profesional, afectando al resultado de la salud de la población rural porque disponer del mismo equipo aporta seguridad a las personas mayores, la mayoría de los usuarios de la zona rural. 

Según ha manifestado la secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar, “Osakidetza vuelve a demostrar su mala gestión. Debe trabajar junto a los profesionales para elaborar una fórmula organizativa y adecuada del servicio en los consultorios rurales y no de espaldas a ellos”. El cambio de guardias se debe producir “de inmediato”, ha urgido la número dos del PP alavés, quien ha solicitado que, para ello, “se atienda a las necesidades específicas del personal sanitario y se eviten cierres y reducciones de horarios, garantizando el mantenimiento de todos los consultorios en la zona rural alavesa”. Salazar ha alertado de que “los profesionales incluso están valorando solicitar traslados o abandonar sus plazas, lo que podría agravar aún más el problema de cobertura sanitaria en la zona rural”.

En este sentido, Salazar ha exigido al Gobierno Vasco que cuente con más recursos humanos y materiales en la sanidad del territorio alavés para garantizar una atención sanitaria de calidad. 

Para la secretaria general del PP de Álava hay una cuestión clave. “Sin servicios básicos, los pueblos pierden población y no lo podemos permitir”. En su defensa reiterada por estos servicios se incluye, sin duda, la sanidad porque “la zona rural también merece una atención primaria de calidad”. 

El PP desvela que la Diputación carece de aval técnico para reducir las frecuencias en la línea Vitoria-Logroño en invierno y pide ampliarlas y mantener paradas en todos los pueblos

  • Hasta en seis ocasiones el Partido Popular ha requerido esta documentación mientras el departamento foral “solo da largas”
  • Alavabus considera temporada de invierno del 1 de noviembre al 15 de abril, seis meses en los que en la línea 9 se reducen las frecuencias y doce pueblos de Montaña Alavesa y Rioja Alavesa se quedan sin parada
  • Hace más de un año se aprobó en la Cámara foral que se activarían las paradas de dichos pueblos en invierno y se mantuvieran las frecuencias todo el año y la Diputación se niega a hacerlo
  • Borja Monje, procurador del PP en las Juntas Generales de Álava: “Es un sinsentido reducir las frecuencias y las paradas a esos pueblos tantos meses cuando la realidad es que no está nevado en su gran mayoría. Si nieva que se tomen medidas puntuales” 

27 de marzo de 2026.- El Partido Popular ha desvelado que la Diputación carece de aval técnico para reducir las frecuencias y paradas en la línea Vitoria-Logroño (línea 9) en la temporada de invierno. Se ha constatado ya que el PP ha requerido, hasta en seis ocasiones, la documentación que argumente y avale que se mantengan esos horarios y paradas de Alavabus durante el invierno y el departamento “solo da largas”, ha señalado el procurador del PP en la Juntas Generales de Álava, Borja Monje. 

Por ello, Monje ha vuelto a insistir en que “es un sinsentido reducir las frecuencias y las paradas a esos pueblos tantos meses cuando la realidad es que no está nevado en su gran mayoría” y, ha añadido que “si nieva, en ese caso, se tomen medidas puntuales”. Y es que la Diputación considera que la temporada de invierno de Alavabus comprende desde el 1 de noviembre al 15 de abril. Seis meses en lo que se reducen las frecuencias y doce pueblos de Montaña Alavesa y Rioja Alavesa se quedan sin parada. En concreto, durante la temporada de verano, los vecinos de los pueblos de Peñacerrada, Argote, Albaina, Bajauri, Obecuri, Navarrete, Bernedo, Lapoblación, Meano, Yécora y Oyón disponen de una cobertura completa atendiendo a varias líneas de Álavabus; sin embargo, en la temporada de invierno, el autobús tiene una muy escasa frecuencia e incluso en Peñacerrada desaparece la parada.

El procurador del PP ha detallado que hace más de un año se aprobó, con los votos a favor de la oposición y en contra del gobierno, una iniciativa que corregía esta desigualdad con los pueblos afectados y activaba las paradas y mantuvieran las frecuencias durante todo el año. “Pero seguimos igual, la Diputación se niega a hacerlo”, ha denunciado Monje, quien ha solicitado “por activa y por pasiva, hasta en seis ocasiones” un informe técnico que justifique la decisión del departamento foral para fijar la temporada de invierno en esos meses y nunca llega”. 

Muchos alaveses utilizan esta línea a diario y este servicio público foral se ve truncado durante dichos meses. “Los vecinos de Montaña Alavesa y Rioja Alavesa están molestos y en desacuerdo con la decisión de la Diputación”, ha recordado Borja Monje. 

El PP logra que se analice la atención en los servicios sociales de la zona rural para su refuerzo y mejora 

  • Aprueba en las Juntas Generales de Álava una iniciativa, apoyada por la oposición, donde en seis meses se realizará un estudio-diagnóstico para lograr la mejora de estos servicios en los pueblos alaveses
  • Se tendrán en cuenta el ratio de habitantes de cada trabajador social, los expedientes tramitados y ayuntamientos asignados a cada uno, los tiempos de espera entre las citas y aquellos que cuenten con auxiliar administrativo, además de la edad media y situación socio-económica de los habitantes de cada ayuntamiento
  • Elisabeth Ochoa de Eribe, procuradora del PP en la cámara foral: “Los vecinos de los pueblos alaveses también merecen una atención social digna y sin esperas. Se obliga con esta medida a que la Diputación haga un diagnóstico serio de cómo están los servicios sociales en la zona rural y a reforzar los medios donde haga falta, mientras el Gobierno foral de PNV y PSOE se ha negado a apoyarla”

25 de marzo de 2026.- Es necesario reforzar y mejorar la atención en los servicios sociales de la zona rural alavesa y, para ello, conocer con exactitud la situación en la que se encuentran esos servicios en cada uno de los Ayuntamientos con el objetivo de optimizar la gestión, ofreciendo la mejor atención a los vecinos. En este sentido, el Partido Popular ha logrado que se analice la atención en los servicios sociales de la zona rural de Álava a través de una iniciativa aprobada hoy en las Juntas Generales de Álava, con el apoyo de la oposición. 

En concreto, se trata de poner en marcha un estudio que, en el plazo de seis meses, pueda obtener los siguientes datos para ser analizados: el ratio de habitantes de cada trabajador o trabajadora social, los expedientes tramitados y ayuntamientos asignados a cada uno de estos profesionales, los tiempos de espera para la primera y sucesivas citas en cada servicio social de base y aquellos que cuenten con auxiliar administrativo, además de la edad media y situación socio-económica de los habitantes de cada ayuntamiento.

Con todo, esta iniciativa busca que se acuerde con los Ayuntamientos y Cuadrillas que así lo necesiten y, en función de este estudio-diagnóstico, se realice un refuerzo en los medios técnicos y humanos para la mejora de la atención de los servicios sociales de base de la zona rural. 

Para la procuradora del PP en la cámara foral, Elisabeth Ochoa de Eribe, “los vecinos de los pueblos alaveses también merecen una atención social digna y sin esperas. Se obliga con esta medida a que la Diputación haga un diagnóstico serio de cómo están los servicios sociales en la zona rural y a reforzar los medios donde haga falta, mientras el Gobierno foral de PNV y PSOE se ha negado a apoyarla”. 

El PP logra ampliar el número de pueblos alaveses que pueden beneficiarse de deducciones fiscales

  • Se actualizará la normativa para que se incluyan en el listado de núcleos en riesgo de despoblación pueblos con menos de 500 habitantes y aquellos con menos servicios disponibles a fin de evitar la despoblación
  • Los criterios de inclusión serán de aplicación desde el 1 de enero de 2026
  • Las deducciones fiscales se aplican en vivienda con la compra, alquiler y rehabilitación; en la instalación de un nuevo negocio o incluso por el simple hecho de estar empadronado
  • Se ha conseguido a través de una enmienda transada en el Pleno de las Juntas Generales de Álava a propuesta del PP y con los votos a favor de PNV y PSOE
  • Ana Salazar, secretaria general del PP de Álava: “Se estaba produciendo una injusticia entre vecinos de unos pueblos y otros porque no había un criterio por población y servicios si no por un estudio sociológico de 2019. Hay que acordar en beneficio de los vecinos de la zona rural. Este cambio conlleva muchos beneficios para ellos”

18 de marzo de 2026.- El Partido Popular ha logrado ampliar el número de pueblos alaveses que pueden beneficiarse de deducciones fiscales. Así, los vecinos que vivan en pueblos de menos de 500 habitantes podrán reducir sus impuestos a través de las deducciones fiscales en cuestiones como la vivienda, mediante la compra, el alquiler y la rehabilitación; o bien cuando abran un nuevo negocio o incluso por el simple hecho de estar empadronado. 

Este cambio en la normativa se ha conseguido en el Pleno de las Juntas Generales de Álava, donde, a propuesta del PP, se ha planteado la revisión del marco de apoyo fiscal a las zonas o núcleos rurales en riesgo de despoblación y ha concluido en una enmienda transada por el PP y los votos a favor de PNV y PSOE. Tal y como ha explicado la secretaria general del PP alavés, Ana Salazar, “hay que pensar en el beneficio de los vecinos de la zona rural y llegar a acuerdos por ellos”. “Se estaba produciendo una injusticia entre vecinos de unos pueblos y otros porque no había un criterio por población y servicios si no por un estudio sociológico de 2019. Este cambio conlleva muchos beneficios para los vecinos de la zona rural alavesa”, ha señalado Salazar. 

El listado de núcleos en riesgo de despoblación se modificará porque el que rige actualmente “no pisa la tierra, la verdadera realidad del territorio, muchos no tienen ni luz ni agua, está obsoleto”, ha indicado la secretaria general del PP alavés. Tras la pandemia, que trajo cambios en cuanto a la población rural, es necesario aún más actualizar el listado. 

Para el PP, tiene que ser más ágil la incorporación o no de esos pueblos en el listado de riesgo de despoblación y se debe atender a dos criterios: la población a fin de garantizar la progresividad, coherencia y la eficacia de los incentivos en el medio rural alavés y la falta de servicios disponibles. “Hay que aumentar el número de núcleos que se beneficien de las deducciones. Nuestro criterio es núcleo de menos de 500 habitantes, y así se incluyen más. Al fin y al cabo, los de más de 500 habitantes tienen mejores servicios y menos riesgo de despoblación”, ha apuntado la número dos del PP alavés. 

Con el objetivo de actualizar la normativa, se ha acordado realizar un diagnóstico que permita identificar de forma objetiva las zonas o núcleos en riesgo de despoblación, atendiendo, entre otros, a criterios de población, accesibilidad a servicios básicos y tejido económico. Todo ello en colaboración con el Departamento foral de Equilibrio Territorial. Los criterios de inclusión serán de aplicación desde el 1 de enero de 2026.

El PP denuncia que la inacción de Diputación en la recogida del cartón obliga a los alaveses a pagar dos veces por un servicio nulo

  • La zona rural alavesa lleva tres años sin una recogida de papel y cartón en condiciones, los pueblos se han convertido en vertederos de cartón
  • La dejadez institucional deriva en posibles proliferaciones de plagas, inseguridad para los peatones y el tráfico por cartones desplazados por el viento y aumento de incivismo entre los vecinos
  • Piden que se garantice el cumplimiento del contrato con un servicio adecuado durante todo el año, se refuerce en verano y que se den ayudas a los ayuntamientos porque hasta ahora están financiando el servicio de recogida de cartón y papel
  • Dani García, alcalde de Labastida: “La situación está siendo escandalosa e indignante. Los alaveses pagan dos veces por un servicio que no se hace: a la Diputación con sus impuestos y los Ayuntamientos después tienen que costear el servicio de nuevo para mantener los pueblos limpios”

6 de marzo de 2026.- El Partido Popular ha denunciado que la inacción de la Diputación en la recogida de cartón y papel obliga a los alaveses a pagar dos veces por un servicio nulo. El alcalde de Labastida (PP), Dani García, ha manifestado “su indignación” ante una situación que la Diputación lleva tres años sin solucionar y que ha convertido los pueblos en vertederos de cartón. 

García se ha mostrado contundente. “La situación está siendo escandalosa. Los alaveses pagan dos veces por un servicio que no se hace: a la Diputación con sus impuestos y los Ayuntamientos después tienen que costear el servicio de nuevo para mantener los pueblos limpios”, ha indicado. 

El alcalde de Labastida ha explicado que la Diputación tiene contratado el servicio con una nueva empresa que no cumple. “Al principio parecía que funcionaba mejor, pero llegaron las Navidades y enero y ya empezamos como antes y así seguimos. No se está recogiendo, no están cumpliendo el contrato. La Diputación no se preocupa de hacer cumplir el contrato, teniendo constancia de la falta de recogida”, ha asegurado. 

Y esta “dejadez institucional” repercute en unas claras consecuencias negativas: posibles proliferaciones de plagas, inseguridad para los peatones y el tráfico por cartones desplazados por el viento y “aumento de incivismo entre los vecinos que no se preocupan en plegar las cajas e introducen el cartón en otros contenedores”, ha explicado el alcalde de Labastida. Además, tal y como ha reconocido el alcalde del PP, “si queremos mantener limpio nuestro pueblo, debemos costear desde el Ayuntamiento la recogida y son las brigadas municipales las que todos los días retiran este tipo de residuos y dejan a un lado otros servicios municipales necesarios en el pueblo”. 

Por todo ello, desde el Partido Popular han pedido que se garantice el cumplimiento del contrato con un servicio adecuado durante todo el año, se refuerce en verano y que se den ayudas a los ayuntamientos porque hasta ahora están financiando el servicio de recogida de cartón y papel.

El PP pide eliminar la fecha de preceptividad de perfil de euskera para secretarios e interventores en los ayuntamientos alaveses para cubrir las plazas

5 de marzo de 2026.- El Partido Popular ha pedido eliminar la fecha de preceptividad de perfil de euskera para secretarios e interventores en los ayuntamientos alaveses para resolver la necesidad de cubrir plazas vacantes. De hecho, se está expulsando a secretarios e interventores con capacidad acreditada por no tener el perfil 4 de euskera exigido y se quedan sus plazas vacantes.

Más de la mitad de los municipios alaveses se encuentra con problemas para cubrir las plazas de secretario e interventor, en la mayoría de los casos porque los funcionarios habilitados no pueden acreditar el perfil lingüístico exigido. “Un hecho que deja fuera habitualmente a los alaveses”, no ha dudado en indicar el PP, que ha señalado que “se cubren las plazas, en precario, con guipuzcoanos y vizcaínos que se marchan al poco tiempo”. 

El PP ha mostrado la realidad de esta situación en Álava con varios ejemplos. En Arraia-Maeztu carecen de secretario, la persona está de baja desde julio y sigue sin cubrirse el puesto. En Valdegovía, la secretaria es accidental y lleva así durante más de 10 años. Asimismo, en Lantarón es accidental. También en Elciego han tenido que contratar a una persona en la modalidad de TAG (Técnico de Administración General) de manera temporal. En algunos casos, se comparte este personal de secretario entre varios ayuntamientos como en Armiñón con Berantevilla, “lo que dificulta la gestión y llega a ralentizar los procesos por la carga de trabajo, en cuestiones que tienen que ser ágiles”, ha lamentado el Partido Popular. En Elburgo, el puesto también es provisional y en Baños de Ebro acumulan desde los últimos años seis cambios en el puesto. “La poca estabilidad del puesto implica unas consecuencias negativas en los pueblos”, ha denunciado el PP. Más de la mitad de los ayuntamientos alaveses no tiene cubierta la plaza con titular acreditado.

El Partido Popular ha recordado que estos puestos son claves para garantizar la legalidad en las licencias, obras en domicilios, empadronamientos o apertura de negocios, entre muchas otras gestiones del día a día en un ayuntamiento. Todo se retrasa, en perjuicio de los ciudadanos, por el empeño de muchos pequeños ayuntamientos en mantener la máxima exigencia de perfil lingüístico en euskera, inalcanzable para la mayoría de profesionales habilitados. 

Mientras se soluciona el conflicto actualmente judicializado en relación con las competencias y la habilitación nacional, hay fórmulas como la del Ayuntamiento de Labastida, gobernado por el PP, que ha mantenido cubierta la plaza eliminando la fecha de preceptividad de perfil lingüístico. La medida aplicada en Labastida facilitaría la incorporación de muchos funcionarios habilitados al efecto que hoy ven limitado su acceso por la exigencia de perfil.

El PP pide dar estabilidad a los concejos y fijarles una cuantía mínima dentro del FOFEL

  • Se establecería una participación mínima fija del 1% del total del FOFEL (Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales), con una media de 8.000 euros por concejo según el FOFEL actual, que se sumaría a las participaciones básicas y complementarias existentes en los concejos y subsanaría las deficiencias del modelo actual
  • Actualmente, los concejos desconocen los ingresos que dispondrán y esta incertidumbre dificulta su gestión. Por el contrario, las Cuadrillas sí disponen de una asignación fija
  • La nueva medida va en consonancia con la propuesta en la nueva Norma Foral de Concejos planteada por el PP y ya se aplica en Gipuzkoa, un sistema de financiación claro, automático y estable
  • Se debate mañana en el Pleno de las Juntas Generales de Álava
  • Ana Salazar, secretaria general del PP de Álava: “Un camino supone el mismo coste para el concejo si viven 20 vecinos como 100, por lo que deben contar con un presupuesto mínimo fijo con el que puedan hacer frente a estos gastos y mejoras para el pueblo”
  • “La norma foral de concejos va a cumplir un año en el cajón del PNV, hay constituidos nuevos concejos y hay que darles estabilidad y valor, son parte de la singularidad de Álava”

24 de febrero de 2026.- El Partido Popular se ha vuelto a erigir como defensor de los concejos, que son parte fundamental de la singularidad de Álava. En esta ocasión, ha pedido darles estabilidad y fijarles una cuantía mínima dentro del FOFEL (Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales). En sí, “se trata de establecer una participación mínima fija del 1% del total del FOFEL, que se sumaría a las participaciones básicas y complementarias existentes en los concejos y subsanaría las deficiencias del modelo actual”, ha explicado la secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar.

Concretamente, ese 1% supone una media de 8.000 euros por concejo, según el FOFEL actual, y “no supondría ningún coste, sino que se plantea dentro de un reparto justo y equitativo del fondo foral”, ha señalado Salazar, quien ha insistido en que los concejos son “entidades locales clave en la gestión de servicios públicos fundamentales para sus comunidades”.

El Partido Popular ha insistido en la necesidad de “poner en valor los 333 concejos alaveses”. Una línea de trabajo constante, puesto que ya en la propuesta de actualización de la Norma Foral de Concejos -formulada por el PP-, una de las iniciativas fue que contasen con una cuantía económica, ya que “ahora invierten tiempo y dinero”. “Con este 1% fijo podrán administrar su día a día y planificar inversiones para sus pueblos”, ha señalado la secretaria general del PP de Álava, porque, actualmente, los concejos desconocen los ingresos que dispondrán y esta incertidumbre dificulta su gestión. Por el contrario, las Cuadrillas sí disponen de una asignación fija. “Son las únicas que saben el dinero exacto que van a recibir. Queremos otorgar a los concejos la posibilidad de que dispongan de un presupuesto mínimo fijo anual con el que poder desarrollar su trabajo, subsanar las deficiencias del modelo actual”, ha insistido la número dos del PP alavés. Además, esta aportación económica ya se aplica en Gipuzkoa en las entidades menores – aquí en Álava denominadas concejos-, por lo que se ha preguntado “¿por qué se puede aplicar en Gipuzkoa y aquí no? Necesitan un sistema de financiación claro, automático y estable”.

Ana Salazar ha denunciado que la norma foral de concejos “va a cumplir un año en el cajón del PNV, hay constituidos nuevos concejos y hay que darles estabilidad y valor, son parte de la singularidad de Álava”.

Por otro lado, el FOFEL se abona a los concejos en función del tamaño de la población y de criterios técnicos, lo que genera asignaciones variables e insuficientes para los concejos más pequeños, unas condiciones que, para la secretaria general, deberían modificarse. “Un camino supone el mismo coste para el concejo si viven 20 vecinos como 100, por lo que deben contar con un presupuesto mínimo fijo con el que puedan hacer frente a estos gastos y mejoras para el pueblo”, ha subrayado. 

Salazar ha apuntado que esta medida permitirá a los concejos “planificar sus inversiones y gastos anuales con mayor certidumbre”, fortaleciendo la provisión de servicios fundamentales como el suministro de agua, saneamiento, alumbrado, gestión de residuos y centros sociales, así como la gestión de otras infraestructuras locales.