• Asegura que del organismo, en manos del Gobierno Vasco, depende la gestión de la sequía y que la entidad “hoy sólo se dedica a poner multas y trabas”
27 de abril de 2023.- El Partido Popular ha reclamado hoy para Álava la transferencia de la gestión y de la partida presupuestaria de la Agencia Vasca del Agua (URA), entidad hoy en manos del Gobierno Vasco y de la que depende dar respuesta a los problemas derivados de la sequía.
El candidato del PP a Diputado General de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha puesto en valor el sector primario alavés y ha incidido en que “lleva mucho tiempo asfixiado debido a los altos costes del combustible o a los precios de los piensos”. A todo este panorama, ha añadido, “ahora se suma la sequía, que en última instancia puede provocar que escasee el alimento para las personas, para el ganado…”. “Esto no es un problema de la zona rural y del sector primario, sino de todos los ciudadanos”, ha insistido.
A este respecto, desde el PP han argumentado que el problema del agua y de la sequía lleva aparejada la inacción del Gobierno Vasco, que “no está tomando la iniciativa a través de URA a pesar de que las previsiones para el verano son peores que las del pasado ejercicio”. Tras advertir de que “una de las principales herramientas disponible en Álava es la Agencia Vasca del Agua URA, entidad que gestiona el agua y que es competencia del Gobierno Vasco, pero que sólo se dedica a poner multas y trabas, hasta el punto de que ni siquiera permite que se limpien los ríos para que el agua fluya y no se generen inundaciones”.
Por todo ello, ha calificado de “urgente” la transferencia de URA a la Diputación Foral de Álava y también la partida presupuestaria contemplada por el Ejecutivo autonómico. “Así lograremos que la gestión sea más cercana al territorio alavés y que se tomen acciones en beneficio real del sector primario y de todos los alaveses”, ha zanjado.
Considera un ataque frontal a la libertad individual que el nuevo Instituto previsto por el PNV busque “controlar a los niños dentro y fuera de las aulas”
“Que el Gobierno Vasco haga oídos sordos a sus propios informes jurídicos demuestra que vamos a un escenario en el que Bildu marca la pauta en la Educación vasca”, alerta
El Partido Popular ha criticado hoy con dureza la pretendida creación, por parte del Gobierno vasco, del “Instituto para el Aprendizaje del Euskera”, con el que, según el último borrador de la futura Ley de Educación vasca, prevé “imponer” el uso del euskera “en todo el ámbito escolar”. “A modo de Gestapo, los más radicales quieren controlar qué se estudia, los materiales escolares y, sobre todo, qué idioma se habla no sólo dentro del aula sino también en el patio”, ha censurado.
Así se ha pronunciado hoy el portavoz de Educación del PP vasco y presidente de los ‘populares’ alaveses, Iñaki Oyarzabal, que ha valorado la publicación, por parte de la prensa, del borrador del anteproyecto que el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, presentará el próximo martes, cuando se prevé aprobar la Ley en Consejo de Gobierno.
“Lo rechazamos, no tiene ninguna razón de ser”, ha apuntado Oyarzabal, que ha recordado además que los propios servicios jurídicos del Gobierno Vasco se han posicionado en contra de la pretensión de que el nuevo Instituto vele por que se hable euskera no ya en las aulas, sino en todas las instalaciones de los recintos escolares. “Es un ataque frontal contra la libertad y una intromisión en el ámbito de lo privado. Lo veíamos venir y ya está aquí: la imposición del euskera como prioridad del sistema; en contra de la calidad, la formación y los resultados, algo que las familias querían que fueran objetivos de esta nueva Ley”, ha añadido.
En palabras de Oyarzabal, el hecho de que el Gobierno vasco esté haciendo oídos sordos a los informes jurídicos que se posicionan en contra de sus pretensiones “demuestra que el PNV se pliega a las pretensiones de Bildu. Vamos a un escenario en el que Bildu marca la pauta de la escuela vasca”.
La ley de Educación que planea aprobar el Gobierno Vasco, “va en contra de la libertad, se carga el sistema de modelos y la libertad de elección. Es una ley que viene sin diagnóstico previo de situación y provocará que la escuela vasca entre en caída libre”, ha apostillado. “Eso va en contra de lo que esperaba una inmensa mayoría de padres y madres. Estamos viendo que hay un empeño en utilizar el ámbito lingüístico para la imposición”, ha zanjado.
Muestra su rechazo frontal a ampliar Gardelegi y que la capital alavesa sea utilizada por el Gobierno vasco para acoger residuos peligrosos
Oyarzabal recuerda que se trata “un vertedero municipal para Vitoria, no para dar solución al problema global de residuos que el Gobierno vasco no ha sabido gestionar”
Censura la falta de claridad de PNV y PSE, que defienden una cosa en Vitoria mientras se prepara la llegada de residuos a la ciudad
8de marzo de 2023. El PP ha denunciado hoy los intentos del PNV de llevar a Álava todo el amianto del País Vasco y ha mostrado su rotundo rechazo a ampliar el vertedero de Gardelegi en Vitoria, para que este acoja residuos peligrosos como el fibrocemento.
El presidente del PP alavés y candidato a Diputado General de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha recordado hoy la crisis del vertedero vizcaíno de Zaldibar, que colapsó en febrero de 2022 causando la muerte de dos trabajadores como consecuencia de la “falta de supervisión, de controles adecuados y de planificación por parte del Gobierno vasco”. “Quedaron al descubierto las vergüenzas del Gobierno vasco y que en Euskadi no teníamos capacidad de gestionar nuestros propios residuos”, ha apuntado.
Según ha advertido, en aquel momento el vertedero de Gardelegi –municipal y el único gestionado de manera pública– absorbió toneladas de residuos “sin garantías, sin transparencia, sin concretar qué residuos y en qué condiciones iban a llegar aquí”. “Y Gardelegi no puede recibir residuos industriales o calificados como peligrosos”, ha puntualizado. Con todo, Oyarzabal ha expuesto que ahora “el Gobierno vasco vuelve al ataque” y el pasado 16 de noviembre la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, anunció su intención de que el vertedero vitoriano de Gardelegi acoja residuos peligrosos, como el fibrocemento, un material de construcción que contiene amianto.
“Quieren traer a Vitoria la basura que no quiere el resto de Euskadi, todo el amianto del País Vasco”, ha señalado Oyarzabal, que a continuación ha señalado que el de Gardelegi es “un vertedero municipal para Vitoria, no para dar solución al problema global de residuos que el Gobierno vasco no ha sabido gestionar”.
Para el PP alavés, el Plan del Gobierno vasco ha generado malestar y numerosas críticas en Vitoria, entre ellas las de las Juntas Administrativas de Gardelegi, Lasarte, Castillo, Mendiola, Berrosteguieta y el barrio de Goikolarra-Arechavaleta, que han acogido con inquietud las intenciones de ampliar Gardelegi y que acoja residuos peligrosos. Por todo ello, Oyarzabal ha reiterado su rechazo frontal a ampliar Gardelegi.
Oyarzabal ha reclamado la necesidad de que PNV y PSE, partidos de Gobierno tanto en Vitoria como en el Gobierno vasco, manifiesten una posición clara y no jueguen al despiste con los alaveses. “Tapia tiene un preacuerdo con el Ayuntamiento de Vitoria pese a que PNV y PSE dicen en el Ayuntamiento que no puede ser. Nos tememos que PNV y PSE estén planteando una simulación para decir una cosa en Vitoria mientras el Gobierno vasco ya prepara la llegada del amianto a la ciudad”, ha apostillado.
El PP alavés ha resaltado que la gestión de los residuos del Gobierno vasco ha sido una “catástrofe” y que PNV y PSE siguen mirando hacia otro lado: “¿Rechazan las intenciones del Gobierno vasco?, ¿sí o no?; ¿hay un preacuerdo firmado entre Tapia y el Ayuntamiento de Vitoria?, ¿sí o no?”. “¿Qué ha hecho Álava a la consejera Tapia? Nos Excluye de la candidatura de la agencia espacial española, nos excluye de todos los planes de su Departamento, nos quiere dejar fuera de la conexión de la ‘Y vasca’ con Pamplona. Lo único que ha traído aquí es el BEI, que ha destrozado el tráfico de Vitoria. ¿Deberíamos declararla persona nongrata?”, ha zanjado.
Oyarzabal anuncia que el Gobierno vasco tenía en su poder un documento jurídico que aconsejaba despedir al jefe de la trama corrupta de la sociedad pública
Asegura que “las informaciones que hoy conocemos ponen bajo sospecha al PNV porque demuestran que han protegido a corruptos”
9 de febrero de 2023. El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha asegurado hoy que el informe elaborado por la sociedad pública vasca Hazi en el que se aconsejaba el despido del ‘número 2’ del PNV alavés condenado por corrupción Alfredo De Miguel desmiente al lehendakari, Iñigo Urkullu, que hasta ahora ha defendido la imposibilidad legal de apartar a De Miguel de su trabajo con cargo al erario público: “Urkullu mintió, pudieron despedirle y no lo hicieron”.
Oyarzabal se ha referido así a un informe en el que el Gobierno vasco realizó una consulta jurídica y esta recomendaba y reconocía la condena penal como motivo grave y justificado para despedir a un trabajador, sin necesidad de que esta fuera firme. “El Gobierno vasco, el PNV, y en particular el lehendakari, sabían que había base jurídica para despedir a Alfredo De Miguel, condenado a 13 años por corrupción, y no sólo decidieron mantenerle en su puesto, sino que le subieron el sueldo hasta casi duplicárselo y le otorgaron tres subidas de categoría”, ha censurado.
“Si no hubieran querido tener al jefe de la trama corrupta más grave del País Vasco en una sociedad pública dependiente del Gobierno vasco, le podían haber despedido sobre la base de la desconfianza”, ha apuntado, para a renglón seguido incidir en que “el PNV queda bajo sospecha”. “Han estado protegiendo al jefe de la trama corrupta a sabiendas de que podían haberle despedido, es gravísimo”, ha apostillado.
Defenderá que el Gobierno vasco “discrimina” y “daña la competitividad de un sector clave para el desarrollo de Álava”
Recuerda que el País Vasco es la única comunidad autónoma que aplica este impuesto
Denuncia que es un impuesto injusto: “Bajo el pretexto de prevenir la contaminación, estigmatiza un sector caracterizado por las buenas prácticas”
24 de enero de 2023. El PP de Álava exigirá mañana en el pleno de Juntas Generales alavesas que el Gobierno vasco de PNV y PSE exonere a agricultores y a ganaderos del canon del agua, que desde 2021 les imputa con el pretexto de prevenir la contaminación y proteger ecosistemas. “El sector lleva años trabajando bajo códigos de buenas prácticas; además de asfixiarlo, el Ejecutivo autonómico busca estigmatizarlo poniendo en duda su compromiso con la sostenibilidad”, ha afirmado.
El procurador del PP en Juntas Generales alavesas, Borja Monje, ha recordado que desde 2021 el País Vasco aplica y desarrolla un reglamento que supone el cobro de un impuesto de tres céntimos por metro cúbico gastado, imputado a comunidades de regantes, agricultores, ganaderos y juntas administrativas. “A día de hoy, la única comunidad autónoma en la que se cobra este canon es el País Vasco, que está agravando la situación de las explotaciones agrarias y ganaderas, ahogadas por los costes energéticos, el aumento del precio de los fertilizantes, de las materias primas, o los combustibles”, ha puntualizado.
En palabras de Monje, “este impuesto viene a poner la puntilla a una situación ya insostenible”. Y no sólo eso, según ha advertido el tributo genera una “discriminación con los territorios vecinos”, provocando que sea más cara la producción de alimentos en Álava. “El Gobierno vasco está dañando la competitividad de un sector clave para el desarrollo y el progreso de Álava”, ha apostillado
Por todo ello, el PP solicitará mañana en JJGG alavesas que el Gobierno vasco elimine este impuesto. Monje, por su parte, ha lamentado que PNV y PSE “se opondrán”. “En un ejercicio de buenismo, defenderán que el cobro sea progresiva y flexible, y con ello lo único que van a lograr es que se ahogue a ganaderos y agricultores con más flexibilidad, que se cierren explotaciones y que la situación empeore”.
Responsabiliza al Gobierno foral de PNV y PSE, encargado de modular la normativa que rige en los ayuntamientos para este tributo
Afea el “nulo compromiso” del Gobierno vasco con Álava en inversión sociosanitaria y que el nuevo convenio entre Diputación y Administración vasca ni siquiera cubre el IPC acumulado durante los últimos 10 años
Censura que la falta de compromiso con Álava es “inexplicable” dadas las “cifras récord” de recaudación de impuestos
18 de enero 2023.- El PP alavés ha denunciado hoy que la reforma en torno al impuesto municipal de plusvalías llevada a cabo por el Gobierno foral de Álava de PNV y PSE ha logrado que desde el 1 de enero de 2023 los alaveses paguen hasta un 60% más por este tributo que en Vizcaya.
El procurador ‘popular’ en Juntas Generales, Aitor Uribesalgo, ha expuesto que si bien hasta diciembre de 2022 un vitoriano o vitoriana pagaba hasta un 50% más que sus vecinos vizcaínos en concepto de impuesto de plusvalías, a partir del 1 de enero de 2023, “los alaveses pagaremos más aún”. Todo, ha incidido, como consecuencia del aumento de la presión fiscal de la Diputación foral, encargada de modular el tributo; y a pesar de que Álava se halla en récord de recaudación.
El decreto foral, ha expuesto, propone incrementar los coeficientes que sirven para determinar la base imponible del conocido como Impuesto municipal sobre plusvalías. En referencia al Gobierno foral, Uribesalgo ha puntualizado: “La argumentación que ustedes dan para ello es que como en la Hacienda de régimen común lo han modificado, pues ustedes copian ese incremento aquí en Álava, para que los Ayuntamientos puedan aumentar la presión fiscal”.
“Es una pobre argumentación, pues el Concierto económico nos permite no hacer un corta y pega del Estado. Quizás han olvidado que aquí tenemos distintos impuestos como IRPF, Impuesto de Sociedades y, en general, todos los impuestos concertados. O bien se les ha olvidado esto, o es una disculpa para subir impuestos”, ha criticado. El procurador ha detallado que el impacto sobre los bolsillos de los contribuyentes será “muy elevado”.
Convenio sociosanitario
La portavoz del PP en Juntas Generales, Ana Morales, ha asegurado que el convenio de colaboración entre la Diputación foral de Álava y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la atención sociosanitaria es una “enorme decepción” y la evidencia del “nulo compromiso” del Gobierno vasco con Álava.
“Nos hemos llevado una enorme decepción viendo las escasas cuantías; es inexplicable que esto pase con cifras record de financiación y cuando la Diputación y el Gobierno vasco son instituciones gobernadas por el mismo partido, el PNV, ha añadido.
Morales ha ejemplificado que para 2023 llegarán a Álava, previsiblemente, 700 mil euros más: “Eso es todo”, sobre un convenio de cuatro millones de euros. “Este Gobierno foral llama esfuerzo importante a 700 mil euros, cantidad que ni siquiera cubre el coste de las plazas de nueva creación durante los últimos 10 años, o las plazas de la residencia Arabarren”, ha argumentado, para a renglón seguido denunciar que “a los alaveses nos han despachado con 700 mil euros después de que el convenio haya estado congelado durante 10 años, pero si hacemos la comparativa con Vizcaya, resulta que ese territorio ha recibido del Gobierno vasco durante estos años 20 millones sólo para plazas sociosanitarias de enfermedad mental”.
El Gobierno alavés de PNV y PSE, ha resaltado, “ha fracasado durante toda la legislatura intentando negociar con el Gobierno vasco”. Y según ha insistido, “es muy preocupante el escaso compromiso del Ejecutivo autonómico con récord de recaudación en Álava”. “Necesitamos un Gobierno foral valiente porque ya está bien de que nos tomen el pelo”, ha apostillado.
Bomberos
El PP alavés, de la mano de la procuradora Ana Salazar, ha reclamado hoy en Juntas Generales de Álava que el hidroavión que el Gobierno vasco comprometió tras la petición del PP alavés para luchar contra incendios se ubique en el territorio histórico.
Según ha expuesto, los profesionales llevan meses trasladando al PP alavés que hay “problemas y carencias”. Sobre todo, en la “coordinación en los incendios”. “Álava ha sido siempre un territorio con bajo índice de incendios, pero este año han ardido mas hectáreas que en los últimos 12 años. Necesitamos contar con todos los medios materiales y humanos en nuestro territorio”, ha explicado.
“Cuando se creo el organismo autónomo de bomberos, pedíamos que fuera completo y poder contar con un dispositivo aéreo”. La respuesta de los grupos del Gobierno de la Diputación, ha recordado, “fue que no era necesario”. Pese a todo, Salazar ha incidido en que “el tiempo ha dado la razón al PP alavés” a raíz de la decisión del Gobierno vasco, el 2 de noviembre, de mostrar su disposición a alquilar un hidroavión para el País Vasco.
Pese a que el Gobierno vasco “lo querrá ubicar en Bizkaia”, ha afeado, “ahora pedimos que ese hidroavión se ubique en Álava, que es el territorio que mas lo necesita”. Del mismo modo, ha demandado a la Diputación foral que se reúna con los profesionales del colectivo de bomberos y les escuche, así como que realice un informe en torno a las “irregularidades” sucedidas en la última OPE. “No se han hecho bien las cosas”, ha añadido.
El PP reclama aclarar dónde está el dinero de la trama de corrupción del PNV en Álava
Exige al PNV que devuelva “hasta el último euro” de los sueldos públicos que han percibido corruptos condenados y colocados por el partido durante los últimos 10 años
Oyarzabal asegura que el último episodio de la corrupción del PNV “no es un caso aislado, sino la regla” en Álava y en el País Vasco
Incide en que el PNV protegió a los condenados “desde el abrazo de Egibar a De Miguel en 2011 hasta el apoyo expreso de Ortuzar un día antes del pronunciamiento del Supremo”
12 de enero 2023.- El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha reclamado hoy aclarar “dónde está el dinero de trama de corrupción del PNV en Álava. Lo ha hecho después del pronunciamiento del Tribunal Supremo que ha avalado las condenas a miembros del PNV que durante los últimos diez años han estado percibiendo sueldos públicos tras haber sido colocados por el Gobierno vasco en la Administración.
Oyarzabal ha expuesto que “hay preguntas en el aire” y que “el caso no está cerrado”: “Aquí no se sabe dónde está el dinero de las mordidas; ¿dónde está ese dinero?, ¿se lo quedaron los corruptos o el dinero era para el partido?; si no se ha demostrado que lo tenían los corruptos o sus familias, ¿dónde está el dinero?”. “El dinero, o se lo llevan los corruptos, o se lo lleva el partido, alguien nos tendría que aclarar qué ha pasado”, ha puntualizado.
Por todo ello, ha exigido al PNV que devuelva “hasta el último euro” de los sueldos públicos que han percibido corruptos condenados y colocados por el partido durante los últimos 10 años. “Estamos ante graves delitos de corrupción, de tráfico de influencias, de cohecho y de malversación”, ha detallado, para a renglón seguido argumentar que “el epicentro del caso de Miguel ha sido Álava” y que el PNV, durante una década, se ha convertido en el principal “defensor de condenados”.
Ha señalado que el caso De Miguel “no es un caso aislado, sino la norma”. Y tras citar episodios y derivadas de corrupción como el caso Comedores, el caso Carpas, el caso Epsilon, el caso Hiriko, caso Osakidetza, el caso Bidegi, el caso Juventud, el caso Zambrana o el caso Miñano, ha advertido que “los condenados hicieron lo que hicieron valiéndose de su condición cargos públicos o institucionales del PNV; eran muchos y pertenecían a distintos estamentos”.
El PNV, a ojos del PP alavés, ha quedado en evidencia porque “protegió a los condenados desde el abrazo de Joseba Egibar a De Miguel en 2011 hasta el apoyo expreso de Andoni Ortuzar un día antes del pronunciamiento del Supremo”.
Ha censurado que “el PNV ha querido mantener en sus puestos a todos los corruptos durante todos estos años” y que “al cabecilla de la trama se le ha promocionado con tres ascensos”. “La sentencia confirma que el PNV ha estado más pendiente de proteger a los corruptos que de dar ejemplo”, ha zanjado.
Ha anunciado además que el PP alavés ha presentado una moción en las Juntas Generales de Álava “porque el PNV debe dar explicaciones en nuestras instituciones”. La iniciativa, ha matizado, reclama rechazar las prácticas corruptas, pide que las JJGG apoyen las conclusiones de la comisión de investigación sobre el caso De Miguel, que contaron con el voto en contra del actual diputado general de Álava, Ramiro González; y que se repruebe la actitud del Gobierno vasco, “que ha estado protegiendo a corruptos durante años”. Del mismo modo, pedirá que se prohiba la contratación de corruptos en administraciones públicas que hayan sido condenados en primera instancia.
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