- Se han aprobado en el Pleno de las Juntas Generales de Álava
- Más de 25.000 alaveses tenían en septiembre un reconocimiento de discapacidad, casi mil más que a finales de 2023
- El nuevo criterio para evaluar la discapacidad ya perjudicaba en junio al 6,9% de los casos revisados en Álava, 64 personas vieron que el baremo les rebaja el grado por debajo del 33%, por lo que peligraban las ayudas y descuentos
- Elisabeth Ochoa de Eribe, procuradora del PP en las Juntas Generales de Álava: “Gracias al logro del PP, se elaborará un informe de seguimiento y evaluación del nuevo baremo sobre su flexibilidad, accesibilidad, agilidad y necesidades para conocer las deficiencias y dificultades detectadas y que se agilice la aplicación del nuevo baremo”
23 de octubre de 2024.- El Partido Popular ha logrado medidas para solucionar los problemas generados con el nuevo baremo de reconocimiento de la discapacidad del Gobierno central. Así ha quedado aprobado hoy en el Pleno de las Juntas Generales de Álava, donde la iniciativa del PP ha salido adelante.
Además de los retrasos en la valoración de la dependencia de la Diputación a través del Instituto de Bienestar Social (IFBS), el nuevo criterio establecido por el Gobierno central para la valoración de la discapacidad ha generado un nuevo problema para las familias alavesas. Como ha explicado la procuradora del PP en las Juntas Generales de Álava, Elisabeth Ochoa de Eribe, “las nuevas valoraciones incluso han hecho que casi se pierdan ayudas y beneficios”.
Según los datos a mes de septiembre, más de 25.000 alaveses tenían un reconocimiento de discapacidad, casi mil más que a finales de 2023. Ya en el mes de junio, el nuevo criterio para evaluar la discapacidad perjudicaba al 6,9% de los casos revisados en Álava. Un total de 64 personas vieron que la revisión con el baremo del Gobierno central les rebaja el grado por debajo del 33%, peligrando las ayudas y descuentos. La discapacidad del 33% conlleva ventajas fiscales significativas, como deducciones en el IRPF o en el impuesto de vehículos y de circulación, entre otros.
Por ello, el Partido Popular ha pedido que la Diputación, en coordinación con el Gobierno Vasco, solicite al Gobierno de España que, una vez superado el primer año de implantación del nuevo baremo, elabore un informe de seguimiento y evaluación del nuevo baremo para estudiar y evaluar si las expectativas de flexibilidad, accesibilidad y agilidad se cumplen, así como detectar sus necesidades. Además, Ochoa de Eribe ha detallado que también “hemos pedido a la Diputación que presente un análisis de las deficiencias y dificultades detectadas, así como de las medidas que agilicen la aplicación del nuevo baremo”.