Denegó a los ‘populares’ datos sobre la implantación del Ticket Bai en sociedades e instituciones públicas
“Esta sentencia confirma los continuos intentos del PNV de silenciar a la oposición y obstruir su labor de control”, denuncia el PP alavés
Oyarzabal censura la “constante denegación de información” y la enmarca en una actitud “poco democrática”
8 de febrero de 2023. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a la Diputación foral de PNV y PSE después de que negase información al grupo del PP alavés en Juntas Generales sobre la implantación del Ticket Bai, sistema de facturación y control fiscal. La sentencia reconoce que la Diputación vulneró un derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución, el de participación política, y obliga a la institución foral a sufragar los costes del procedimiento. El fallo judicial “confirma los continuos intentos del PNV de silenciar a la oposición y obstruir su labor de control”, ha resaltado el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal.
Los ‘populares’ han argumentado que en junio de 2022, la portavoz adjunta y procuradora Ana Morales solicitó a la diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, información referente a la obligación de implantar el Ticket Bai en Álava, solicitud amparada por el artículo 23 de la norma fundamental. Después de que la diputada decidiese negar esa información, el PP denunció ante en TSJPV lo que, a su juicio, constituía una vulneración de derechos fundamentales.
En este sentido, y tal y como refleja la sentencia emitida el 2 de febrero, la Diputación foral vulneró la Constitución negándose a facilitar información solicitada de forma legítima por el PP alavés. “Esto no es un caso aislado, el PNV nos tiene acostumbrados a actitudes poco democráticas y por ello decidimos llevarlo a los tribunales, que nos han dado la razón”, ha matizado Oyarzabal.
El portavoz del PP alavés ha denunciado la “constante denegación de información” y la ha encuadrado en una intención manifiesta de “obstaculizar la labor de la oposición para actuar sin control en la administración alavesa”.
Advierte de que la falta de atención deja en evidencia la gestión de la Diputación foral, de la que dependen centros de día y ocupacionales y de alojamiento residencial para el colectivo
Propone “medidas de choque”, más recursos y plazas para colocar en la salud mental en la agenda política
Desvela que mientras en el resto del País Vasco las consultas se resuelven en menos de 3 días, los alaveses aguardan más de un mes
30 de enero de 2023. El PP ha denunciado hoy “el drama de la salud mental en Álava” y ha desvelado que en el territorio las listas de espera para recibir atención son 30 veces superiores a las de Guipúzcoa y Vizcaya, algo “incomprensible” que deja en evidencia la gestión llevada a cabo por las instituciones gobernadas por PNV y PSE.
La portavoz adjunta del PP en Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha expuesto hoy en rueda de prensa los datos, que apuntan que mientras en el resto del País Vasco el tiempo de espera en Osakidetza para consultas en el marco de la salud mental es inferior a tres días –1,33 días en Vizcaya y 2,88 días en Guipúzcoa–, los alaveses deben esperar una media de 38 días.
Por todo ello, los ‘populares’ han demandado “medidas de choque urgentes” a las principales instituciones implicadas “para que las personas con enfermedad mental estén en la agenda política en un lugar prioritario y paliar así el deterioro de la atención a este colectivo”. Concretamente, la procuradora ha instado a la Diputación foral a crear más recursos y plazas en centro día, alojamiento residencial y centro ocupacional, así como impulsar la coordinación con el Gobierno vasco para la financiación de nuevas plazas, “como se hace con Vizcaya”.
Con respecto al Gobierno vasco, también liderado por PNV y PSE, el PP alavés ha solicitado el desarrollo del reglamento de la nueva Renta de Garantía de Ingresos (RGI) “para que las personas con enfermedad mental recuperen esta prestación económica”, y reforzar el número de médicos en el área de salud menta del Álava.
Morales ha desvelado que en el territorio alavés hay en este momento más de 140 personas en listas de espera para recibir atención y recursos por parte de la Diputación foral: 67 de ellas aguardan para acceder a una residencia; 36, a un centro de ocupación; 26, a un programa de intervención socioeducativa; y 14, a un centro de día.
El PP alavés ha asegurado que la demanda de consultas en la red de salud mental de Osakidetza ha aumentado, según han advertido los sindicatos, un 27% en el último año y ha denunciado la inexistencia de RGI para viviendas comunitarias desde marzo de 2020.
Responsabiliza al Gobierno foral de PNV y PSE, encargado de modular la normativa que rige en los ayuntamientos para este tributo
Afea el “nulo compromiso” del Gobierno vasco con Álava en inversión sociosanitaria y que el nuevo convenio entre Diputación y Administración vasca ni siquiera cubre el IPC acumulado durante los últimos 10 años
Censura que la falta de compromiso con Álava es “inexplicable” dadas las “cifras récord” de recaudación de impuestos
18 de enero 2023.- El PP alavés ha denunciado hoy que la reforma en torno al impuesto municipal de plusvalías llevada a cabo por el Gobierno foral de Álava de PNV y PSE ha logrado que desde el 1 de enero de 2023 los alaveses paguen hasta un 60% más por este tributo que en Vizcaya.
El procurador ‘popular’ en Juntas Generales, Aitor Uribesalgo, ha expuesto que si bien hasta diciembre de 2022 un vitoriano o vitoriana pagaba hasta un 50% más que sus vecinos vizcaínos en concepto de impuesto de plusvalías, a partir del 1 de enero de 2023, “los alaveses pagaremos más aún”. Todo, ha incidido, como consecuencia del aumento de la presión fiscal de la Diputación foral, encargada de modular el tributo; y a pesar de que Álava se halla en récord de recaudación.
El decreto foral, ha expuesto, propone incrementar los coeficientes que sirven para determinar la base imponible del conocido como Impuesto municipal sobre plusvalías. En referencia al Gobierno foral, Uribesalgo ha puntualizado: “La argumentación que ustedes dan para ello es que como en la Hacienda de régimen común lo han modificado, pues ustedes copian ese incremento aquí en Álava, para que los Ayuntamientos puedan aumentar la presión fiscal”.
“Es una pobre argumentación, pues el Concierto económico nos permite no hacer un corta y pega del Estado. Quizás han olvidado que aquí tenemos distintos impuestos como IRPF, Impuesto de Sociedades y, en general, todos los impuestos concertados. O bien se les ha olvidado esto, o es una disculpa para subir impuestos”, ha criticado. El procurador ha detallado que el impacto sobre los bolsillos de los contribuyentes será “muy elevado”.
Convenio sociosanitario
La portavoz del PP en Juntas Generales, Ana Morales, ha asegurado que el convenio de colaboración entre la Diputación foral de Álava y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la atención sociosanitaria es una “enorme decepción” y la evidencia del “nulo compromiso” del Gobierno vasco con Álava.
“Nos hemos llevado una enorme decepción viendo las escasas cuantías; es inexplicable que esto pase con cifras record de financiación y cuando la Diputación y el Gobierno vasco son instituciones gobernadas por el mismo partido, el PNV, ha añadido.
Morales ha ejemplificado que para 2023 llegarán a Álava, previsiblemente, 700 mil euros más: “Eso es todo”, sobre un convenio de cuatro millones de euros. “Este Gobierno foral llama esfuerzo importante a 700 mil euros, cantidad que ni siquiera cubre el coste de las plazas de nueva creación durante los últimos 10 años, o las plazas de la residencia Arabarren”, ha argumentado, para a renglón seguido denunciar que “a los alaveses nos han despachado con 700 mil euros después de que el convenio haya estado congelado durante 10 años, pero si hacemos la comparativa con Vizcaya, resulta que ese territorio ha recibido del Gobierno vasco durante estos años 20 millones sólo para plazas sociosanitarias de enfermedad mental”.
El Gobierno alavés de PNV y PSE, ha resaltado, “ha fracasado durante toda la legislatura intentando negociar con el Gobierno vasco”. Y según ha insistido, “es muy preocupante el escaso compromiso del Ejecutivo autonómico con récord de recaudación en Álava”. “Necesitamos un Gobierno foral valiente porque ya está bien de que nos tomen el pelo”, ha apostillado.
Bomberos
El PP alavés, de la mano de la procuradora Ana Salazar, ha reclamado hoy en Juntas Generales de Álava que el hidroavión que el Gobierno vasco comprometió tras la petición del PP alavés para luchar contra incendios se ubique en el territorio histórico.
Según ha expuesto, los profesionales llevan meses trasladando al PP alavés que hay “problemas y carencias”. Sobre todo, en la “coordinación en los incendios”. “Álava ha sido siempre un territorio con bajo índice de incendios, pero este año han ardido mas hectáreas que en los últimos 12 años. Necesitamos contar con todos los medios materiales y humanos en nuestro territorio”, ha explicado.
“Cuando se creo el organismo autónomo de bomberos, pedíamos que fuera completo y poder contar con un dispositivo aéreo”. La respuesta de los grupos del Gobierno de la Diputación, ha recordado, “fue que no era necesario”. Pese a todo, Salazar ha incidido en que “el tiempo ha dado la razón al PP alavés” a raíz de la decisión del Gobierno vasco, el 2 de noviembre, de mostrar su disposición a alquilar un hidroavión para el País Vasco.
Pese a que el Gobierno vasco “lo querrá ubicar en Bizkaia”, ha afeado, “ahora pedimos que ese hidroavión se ubique en Álava, que es el territorio que mas lo necesita”. Del mismo modo, ha demandado a la Diputación foral que se reúna con los profesionales del colectivo de bomberos y les escuche, así como que realice un informe en torno a las “irregularidades” sucedidas en la última OPE. “No se han hecho bien las cosas”, ha añadido.
Advierte del “riesgo” para mayores y personas con discapacidad generado por los brotes de la enfermedad en el país asiático
Asegura que “la Diputación foral debe demostrar que ha aprendido de los errores cometidos durante la primera ola”
30 de diciembre 2022.- El PP alavés ha pedido hoy a la Diputación foral de Álava que intensifique las medidas anti-Covid en residencias y active protocolos de prevención para proteger, sobre todo, a mayores y personas con discapacidad ante las informaciones que llegan de China, donde se está produciendo una grave expansión de la enfermedad.
Lo ha solicitado la portavoz adjunta del PP en Juntas Generales, Ana Morales, que ha resaltado la importancia de establecer e impulsar medidas de prevención y control en las residencias de mayores “ante el evidente riesgo que existe de nuevas variantes más peligrosas a raíz de lo que esta pasando en China” y “para evitar que Álava vuelva a liderar las peores cifras de transmisión”.
Según ha apuntado Morales, la Diputación “no puede dormirse en los laureles, como ocurrió en la primera ola”. Urge, ha apuntado, que el Gobierno foral “lidere la protección a los mas vulnerables”.
“La Diputación tiene que demostrar que aprende de los errores y que no va a rebufo de los acontecimientos, como sucedió durante la gestión en la primera ola de la enfermedad, cuando la tardanza en actuar dejó a los mayores desprotegidos”, ha zanjado.
· Plantea rebajas en el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos
· Presenta una batería de propuestas para complementar los insuficientes ajustes fiscales asumidos por la Diputación foral
· Defiende garantizar a través de las JJGG la exención tributaria de las indemnizaciones por amianto
· Denuncia que el PNV ha asumido las recetas económicas de Sánchez y que las instituciones alavesas han abandonado a las clases medias
5 de diciembre de 2022. El PP de Álava ha presentado hoy una batería de propuestas para complementar los “insuficientes ajustes fiscales” llevados a cabo por la Diputación foral de Álava, gobernada por PNV y PSE. Entre ellas, ha planteado aumentar las deducciones por hijos y personas dependientes a cargo, así como garantizar la exención tributaria de las indemnizaciones por amianto.
Lo ha anunciado la portavoz adjunta del PP en Juntas Generales alavesas, Ana Morales, que ha advertido de que “la clase media se siente abandonada” por las instituciones del territorio. “Ya no podemos seguir confiando en las recetas económicas del PNV, que es socio de Pedro Sánchez y que sólo plantea medidas fiscales mínimas, que se quedan muy cortas con la subida de las hipotecas, de las calefacciones o de la cesta de la compra”, ha argumentado.
Por todo ello, ha expuesto, el PP alavés plantea un conjunto de medidas complementarias centradas, sobre todo, en las familias con hijos y en el conjunto de la clase media. Propone así que además de la deflactación del 2% en el IRPF asumida por la Diputación a petición de los ‘populares’, las desgravaciones por hijo a cargo aumenten entre 50 y 100 euros. De modo que por el primer hijo pasen de 651 euros a 700; por el segundo, de 806 a 900; por el tercero, de 1.359 a 1.400 euros; y por el cuarto, de 2.098 a 2.200 euros. Las deducciones por ascendiente, ha apuntado Morales, también se incrementarían de 313 euros a 600.
De otro lado, en el PP defienden una nueva deducción de 500 euros por la contratación de cuidadores para menores de 12 años y para mayores de 80 años. También incrementar la minoración general de la cuota, pasando de los 1.544 euros al año a los 1.600, “para que las familias dispongan de más dinero”.
En cuanto a sucesiones y herencias, Morales ha reclamado “suavizar la fiscalidad” dado el aumento generalizado del precio de bienes y servicios y “exonerar” de tributación pequeñas donaciones entre miembros de una familia en primer grado de parentesco. Ha apuntado un único requisito: que las donaciones no superen en cinco años los 100.000 euros. Del mismo modo, ha abogado por que estas tributen al 0,5% y no al 1,5% actual.
Víctimas del amianto
Durante la intervención de Morales, la portavoz adjunta ha incidido en la necesidad de tomar en consideración a las víctimas del amianto y ha argumentado que para el PP alavés es fundamental garantizar la exención tributaria de las indemnizaciones por amianto. Ha recordado la creación del fondo de compensación para los damnificados y, en ese contexto, ha advertido de que para que las indemnizaciones no tributen, es necesario modificar el artículo 9 de la norma foral del IRPF. “El PP incluye en su propuesta fiscal esta modificación y espera que el resto de grupos la respalde”, ha añadido.
“Si todo se hizo tan bien, ¿por qué se niegan a que la exdiputada foral Beatriz Artolazabal dé explicaciones?”, pregunta al Gobierno alavés
Asegura que, tras el caso, la Diputación puso en marcha 27 medidas para prevenir abusos porque no detectaron a tiempo los problemas
“¿Por qué Artolazabal se marchó precipitadamente de la Diputación a las pocas semanas de estallar el escándalo?”, interpela
Denuncia que 7 años después, y con los hechos probados, “la Diputación sigue sin impulsar medidas correctoras”
Recuerda que no es de recibo “ampararse en que no hay responsabilidad jurídica para no dar la cara”
30 de noviembre 2022.- El PP ha censurado hoy que PNV y PSE, partidos que conforman el Gobierno foral de Álava, “están empeñados en tapar el escándalo Sansoheta”, de abusos sexuales a menores tutelados por la Diputación foral y, específicamente, por el Departamento liderado entonces por la actual consejera de Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal.
Los ‘populares’ lo han advertido en Juntas Generales alavesas por boca de su portavoz adjunta, Ana Morales, que ha criticado con dureza el “bloqueo” llevado a cabo por nacionalistas y socialistas para evitar la comparecencia en la institución foral de Artolazabal, petición del PP para la hoy consejera dé explicaciones de su gestión cuando se produjeron los hechos.
Morales ha explicado que durante el juicio celebrado hace unas semanas se produjo un “salto cualitativo”, dado que cuatro acusados han reconocido los abusos sexuales a menores tutelados por la Diputación y pactaron condenas entre uno y 13 años de prisión. “Ya no hay duda razonable sobre lo que ocurrió; tenemos nuevos datos a la vista y podemos hablar de una responsabilidad política”, ha matizado.
La portavoz adjunta, así, ha puesto sobre la mesa cuestiones irresueltas que deben ser aclaradas de forma directa por Artolazabal: “¿Por qué se tardó mas de un año en descubrir una trama que operaba desde ordenadores de la Diputación?; “por qué durante seis meses no se actuó?; ¿por qué la diputada de Servicios Sociales se marchó precipitadamente de la Diputación a las pocas semanas de estallar el escándalo?”.
“Nos hubiera gustado preguntarle a Beatriz Artolazabal sobre todas estas cuestiones,
pero esa comparecencia ha sido vetada por PNV y PSE”, ha apuntado Morales, que ha lamentado la preocupante “falta de transparencia” de los partidos que integran el Gobierno foral alavés.
“Pedimos responsabilidad política, distinta de la judicial, y no vale ampararse en que no hay responsabilidad judicial para no dar la cara. Y eso es lo que hacen PNV y PSE. Se lavan las manos y no asumen su responsabilidad política a pesar de que hay muchas cosas que explicar”, ha argumentado. “Si todo se hizo tan bien, ¿por qué tapar y ocultar?; si la Diputación no tuvo nada que ver, ¿a qué viene el afán de proteger a Artolazabal y bloquear su comparecencia?, ha apostillado. Y a renglón seguido, ha asegurado que, tras el caso, la Diputación puso en marcha 27 medidas para prevenir abusos porque no detectaron a tiempo los problemas.
El PP alavés ha insistido en que “siete años después el PNV y el PSE siguen sin poner medidas correctoras y empeñado en tapar el escándalo Sansoheta”. Todo, a pesar del evidente “margen de mejora” que tiene la Diputación en torno a los menores tutelados y a su cargo. A este respecto, Morales reivindicado que “falta ese centro específico de jóvenes con problemas conductuales. Lo pidió la Fiscalía, lo hemos reivindicado durante dos legislaturas y la Diputación no ha movido ficha”.
• Censurará a PNV y PSOE por bloquear la comparecencia de Beatriz Artolazabal para que dé explicaciones por su gestión
29 de noviembre 2022.- El Partido Popular exigirá mañana en Juntas Generales de Álava responsabilidades políticas por el ‘caso Sansoheta’, de abusos sexuales a menores tutelados por la Diputación foral y, específicamente, por el Departamento liderado entonces por la actual consejera de Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal.
En palabras de la portavoz adjunta del PP en JJGG, Ana Morales, “si el ‘caso Sansoheta’ es grave, aún lo es más que PNV y PSOE lo quieran tapar”. “Han conseguido que Beatriz Artolazabal, la máxima responsable entonces, no comparezca en Juntas Generales para dar explicaciones”, ha matizado.
Las palabras de Morales hacen referencia al bloqueo llevado a cabo por PNV y PSE para evitar la comparecencia de Artolazabal en las Juntas Generales del territorio, tras la petición ‘popular’ de que la exdiputada foral rindiese cuentas sobre su gestión al frente del Departamento durante el escándalo Sansoheta.
Pese al bloqueo y la actitud “poco transparente” de los partidos que conforman el gobierno de la Diputación de Álava, el PP exigirá mañana la asunción de responsabilidades políticas por parte de la que era entonces máxima responsable de la tutela efectiva de los menores víctimas de abusos sexuales.
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